Human Rights Watch advirtió que el reclutamiento de niños, niñas y adolescentes por parte de grupos armados ha crecido en Colombia en los últimos años. La organización sostiene que estas estructuras se apoyan en la pobreza, la exclusión social y las dificultades para acceder a la educación, y que cada vez recurren más a las redes sociales para acercarse a menores

El informe, de 124 páginas, examina las formas de captación, los factores de riesgo y la respuesta del Estado frente a este fenómeno. Según el análisis de datos de la Defensoría del Pueblo citado por la organización, al menos 1.500 menores habrían sido reclutados desde 2021. Aunque no existe un registro completo de todos los casos, HRW afirma que las cifras oficiales muestran un aumento marcado desde 2023

Redes sociales como puerta de entrada

La investigación revisó más de 70 cuentas y 40 publicaciones en Facebook y TikTok. En ese material, los investigadores hallaron contenidos que presentaban de forma positiva la pertenencia a grupos armados o invitaban a unirse a esas estructuras

También detectaron supuestas ofertas de empleo que, de acuerdo con HRW, podrían funcionar como mecanismo de reclutamiento. El contacto con menores se habría producido mediante chats públicos y mensajería privada

La organización señaló además que, en algunos casos, los algoritmos habrían favorecido la difusión de ciertas publicaciones, ampliando su alcance. Tras compartir sus hallazgos con Meta y ByteDance, ambas empresas retiraron perfiles señalados por publicar contenido explícito de grupos armados, incluidas ofertas de reclutamiento

Vulnerabilidad, promesas y traslado forzado

HRW afirma que los grupos armados y organizaciones delictivas aprovechan condiciones de vulnerabilidad para captar menores. Entre los factores mencionados están la pobreza, la violencia intrafamiliar, la exclusión social y las barreras educativas

En ese contexto, las promesas de dinero, poder y prestigio aparecen como señuelos. El informe también documenta la intervención de intermediarios y reclutadores civiles, algunos de los cuales podrían recibir hasta 1.000 dólares por cada menor reclutado

En algunos casos, el reclutamiento se habría producido en escuelas rurales, incluidas residencias escolares. Una vez incorporados, los menores pueden ser trasladados a otras regiones para aislarlos de sus familias y comunidades y dificultar cualquier intento de escape

Las tareas asignadas no son iguales para todos. Algunos reciben entrenamiento militar, mientras otros son usados para recopilar información, hacer de mensajeros, brindar atención médica, vigilar rehenes, participar en actividades ligadas al narcotráfico o servir como escoltas de comandantes. El informe advierte además que las niñas están especialmente expuestas a violencia sexual

Impacto en comunidades indígenas

Uno de los hallazgos más preocupantes es el peso de la población indígena entre las víctimas documentadas. HRW señala que los niños y niñas indígenas representan casi la mitad de los casos registrados, pese a que los pueblos indígenas equivalen aproximadamente al 4% de la población del país

Además, más del 30% de los menores identificados tenía entre 10 y 14 años. La organización recuerda que el reclutamiento de niños de esas edades podría constituir un crimen de guerra según el derecho internacional

Críticas a la respuesta institucional

El informe también cuestiona la política pública creada en 2018 para prevenir el reclutamiento y la violencia sexual contra menores. Según HRW, esa estrategia está desactualizada, no tiene un plan de acción claro ni un presupuesto específico

La organización también advierte limitaciones en la capacidad de la comisión intersectorial encargada de aplicar medidas en el nivel local, además de restricciones presupuestales y operativas en autoridades departamentales y municipales

En materia judicial, HRW sostiene que la respuesta ha sido muy baja: en la última década, cerca del 1% de las denuncias habría derivado en una investigación penal y solo el 0,2% terminó en condena. También señala que las sentencias recayeron sobre todo en autores materiales y no en los principales responsables

El documento critica, además, las diferencias en la atención posterior a la desvinculación: los menores reclutados por grupos considerados parte del conflicto armado pueden acceder a un programa especializado y a reparaciones, mientras que quienes fueron usados por grupos delictivos organizados pueden enfrentar procesos penales o ser remitidos a un programa general de atención a víctimas