Human Rights Watch advirtió que al menos ocho disidentes nicaragüenses podrían enfrentar persecución y torturas si Estados Unidos los deporta a su país de origen

Las personas fueron despojadas de su nacionalidad por el gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Algunas, además, tienen solicitudes de asilo aún pendientes y fueron detenidas por autoridades migratorias estadounidenses

Siete de los detenidos integraban el grupo de 222 presos políticos expulsados a Estados Unidos en 2023, luego de que las autoridades nicaragüenses los calificaran de “traidores”. Tras su llegada, obtuvieron una libertad condicional humanitaria por dos años

El octavo caso corresponde al periodista Luis Galeano, a quien Nicaragua retiró la nacionalidad en febrero de 2023 junto con otros 93 opositores. Galeano recuperó la libertad el sábado

Juanita Goebertus, directora para las Américas de HRW, cuestionó que Estados Unidos detenga y evalúe deportar a personas a las que había recibido como refugiadas tres años atrás

La organización sostuvo que el derecho internacional impide trasladar a una persona hacia un lugar donde pueda ser perseguida o sometida a torturas, y pidió no enviarlas de regreso a Nicaragua

La advertencia se conoció mientras los cancilleres de la Organización de los Estados Americanos analizaban la situación política nicaragüense. El país abandonó ese organismo en noviembre de 2023, en medio de la presión internacional por el rumbo autoritario de su gobierno

Antes de la reunión, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el Grupo de Expertos de la ONU sobre Nicaragua instaron a priorizar los derechos humanos, la democracia y la recuperación del Estado de derecho

Nicaragua reforzó el control social después de las protestas de 2018, que dejaron alrededor de 300 muertos, de acuerdo con Naciones Unidas. Además, aprobó recientemente una reforma que bloquea la participación electoral de partidos opositores

La OEA no puede imponer sanciones. Su margen de acción consiste en exhortar a los Estados miembros a adoptar medidas individuales frente a situaciones que considere contrarias a los principios democráticos