Los proyectos empresariales y de infraestructura en Perú que presentan fallas en su gestión social y ambiental enfrentan mayores dificultades para acceder a financiamiento internacional y, en algunos casos, pagan tasas de interés más altas, advirtió la Corporación Financiera Internacional (IFC), brazo del Banco Mundial orientado al sector privado

Durante el Encuentro Internacional de Gestión Social y Sostenibilidad (GESS 2026), realizado en Lima, la directora de país de la IFC, Ivana Fernandes Duarte, remarcó que la evaluación social y ambiental debe incorporarse desde la etapa inicial de cualquier iniciativa

La variable social ya pesa en el crédito

Fernandes Duarte sostuvo que la preparación social y ambiental no puede empezar cuando el proyecto ya está en marcha. Según explicó, ese componente es clave en el análisis y en la aprobación de los préstamos

También indicó que las iniciativas con deficiencias en esa materia no solo corren el riesgo de ser rechazadas, sino que, si logran financiamiento, pueden obtenerlo bajo condiciones menos favorables que aquellas que cumplen con estándares adecuados

La ejecutiva precisó que la calidad de la gestión social y ambiental influye tanto en la decisión de invertir como en la tasa de interés aplicada

Proyectos integrados y con acuerdos sostenibles

La IFC exige que los proyectos contemplen desde el inicio el diálogo con comunidades locales, la coordinación con gobiernos subnacionales y la capacidad del territorio para sostener los compromisos asumidos

Fernandes Duarte señaló que no es posible financiar proyectos deficientes en el plano social o ambiental y destacó que el cumplimiento de obligaciones y la gestión activa de riesgos son condiciones necesarias para acceder a tasas competitivas

Además, subrayó que las iniciativas deben diseñarse dentro de estrategias territoriales más amplias, con infraestructura y fortalecimiento de capacidades locales

La exigencia del mercado internacional

Para la IFC, los inversionistas internacionales priorizan proyectos que aporten al desarrollo territorial, generen empleo y beneficien a proveedores locales

La funcionaria afirmó que la evaluación social y ambiental tiene el mismo peso que la financiera o la técnica al momento de definir si un proyecto es financiable y en qué condiciones

Finalmente, recomendó reglas claras, procesos predecibles y coordinación entre el Estado y las empresas para fortalecer la capacidad local de ejecutar y sostener acuerdos que permitan acceder a mejores condiciones de crédito