El gobernador de Illinois, JB Pritzker, promulgó una ley que reconoce derechos de negociación colectiva a más de 100.000 conductores de vehículos compartidos en el estado. La norma marca un giro relevante en las reglas laborales que rigen a Uber, Lyft y otras plataformas de transporte

Qué podrán discutir con las empresas

La nueva legislación, firmada el 7 de agosto de 2026 y vigente desde ese mismo día, autoriza a los conductores a organizarse y designar representantes para negociar directamente con las compañías

Entre los puntos que podrán llevar a la mesa figuran la compensación económica, las tarifas base por viaje, coberturas por accidentes o lesiones, protocolos de seguridad, licencias pagadas por enfermedad o emergencias familiares y los procesos de apelación ante la desactivación de cuentas

También podrán plantear otras condiciones de trabajo que impacten de manera directa en sus ingresos y en su actividad diaria

Un cambio para el modelo de las plataformas

La norma obliga a las empresas a reconocer a los representantes elegidos por los conductores y a participar en instancias de negociación. Aunque el precio de los viajes y las reglas de desactivación siguen bajo control de las plataformas, la ley sí impone la discusión sobre la compensación de los choferes

Además, las compañías no podrán trasladar estos nuevos costos de operación a las tarifas que pagan los pasajeros

La administración estatal supervisará el cumplimiento de la nueva estructura legal, que busca equilibrar innovación tecnológica y derechos laborales

El fondo que financiará la aplicación de la ley

La normativa crea el Fondo de Apoyo a los Trabajadores de Vehículos Compartidos, administrado por la Secretaría de Estado de Illinois. Ese fondo cubrirá los costos de implementación y las subvenciones destinadas a la representación de los conductores

Para sostenerlo, las empresas deberán pagar una tasa obligatoria de cuatro centavos por cada viaje realizado en Illinois. La ley prohíbe sumar ese monto al valor final que abonan los usuarios

El proceso legislativo se extendió durante varios años y pasó por múltiples audiencias en el Capitolio estatal en Springfield. El secretario de Estado, Alexi Giannoulias, respaldó públicamente la expansión de derechos para este sector