Una jueza federal de Rhode Island anuló de forma permanente una directiva del gobierno de Donald Trump que buscaba impedir que algunos inmigrantes accedieran a determinados programas financiados con fondos federales
La medida incluía restricciones para programas preescolares Head Start, clínicas de salud comunitarias y servicios de educación para adultos
Una norma bloqueada antes de su aplicación
La jueza de distrito Mary McElroy, designada por Trump en 2019, había suspendido temporalmente la directiva el año pasado. Por ese motivo, la norma nunca llegó a implementarse
El lunes, la magistrada convirtió esa decisión provisional en permanente y declaró ilegal la directiva. Según su fallo, el gobierno no siguió los procedimientos adecuados para modificar las normas vigentes y sus acciones fueron “procedimentalmente inválidas”
La directiva había sido emitida en julio de 2025. Su objetivo era reclasificar amplios sectores de los servicios sociales financiados por el gobierno federal bajo una ley aprobada durante la presidencia de Bill Clinton
Quiénes podían quedar excluidos
La norma habría dejado fuera de esos programas a inmigrantes considerados “extranjeros no calificados”. La categoría abarca a adultos y niños que se encuentran ilegalmente en Estados Unidos, además de algunas personas con visas de trabajo y beneficiarios del Estatus de Protección Temporal y de la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia
Estos últimos programas protegen temporalmente contra la deportación y permiten trabajar a ciertos inmigrantes que llegaron al país de manera ilegal cuando eran niños
Las personas incluidas en esos grupos ya tienen restringido el acceso a la cobertura completa de Medicaid y a determinados programas federales de asistencia alimentaria y económica
Demanda de 20 estados
Los fiscales generales demócratas de 20 estados y del Distrito de Columbia demandaron al gobierno federal para bloquear la medida
Los estados advirtieron que las obligaciones administrativas derivadas de la norma podían provocar el cierre de numerosos programas Head Start con recursos limitados
Organizaciones defensoras de Head Start también habían alertado que la política perjudicaría a las comunidades inmigrantes al limitar su acceso a servicios de salud y oportunidades educativas
La fiscal general de Nueva York, Letitia James, una de las funcionarias que participaron en la demanda, celebró el fallo y afirmó que la reducción de la red de protección social habría tenido consecuencias catastróficas para las familias trabajadoras
Los departamentos de Trabajo, Educación, Justicia y Salud y Servicios Humanos, señalados como demandados, no habían respondido a las solicitudes de comentarios. La Administración para Niños y Familias, que supervisa Head Start, señaló que no comenta sobre litigios en curso