La administración de Donald Trump pidió a la Corte Suprema de Estados Unidos una suspensión de emergencia contra el fallo del Distrito Norte de California que bloqueaba la cancelación del Estatus de Protección Temporal (TPS) para ciudadanos venezolanos

El gobierno presentó el pedido el 18 de noviembre. Sostiene que, si la medida judicial vuelve a aplicarse, no podrá avanzar con cientos de deportaciones ya previstas

Los argumentos del gobierno

La presentación cuestiona la decisión de Kristi Noem, entonces secretaria del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), de revocar la prórroga del TPS de 2025 y cancelar la designación aprobada en 2023 para los venezolanos

La prórroga inicial venció el 2 de octubre de 2026. Según la administración, desde entonces ningún beneficiario podría invocar una cobertura vigente, aun cuando el conflicto continúe en los tribunales

El gobierno también criticó al Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito por no haber terminado la medida cautelar y afirmó que tuvo que recurrir nuevamente a la Corte Suprema para obtener protección provisoria

Las consecuencias que anticipa la administración

La administración Trump advirtió que la reactivación de la orden del Distrito Norte de California, prevista para el 20 de noviembre, produciría perjuicios graves e irreversibles

  • La liberación inmediata de 1800 venezolanos sometidos a procesos de deportación, con el riesgo de que no puedan ser localizados nuevamente.
  • La suspensión de 332 deportaciones definitivas listas para ejecutarse.
  • Confusión en la emisión de nuevos permisos de trabajo y documentos de estatus temporal.

El gobierno sostiene que incluso una aplicación breve de la orden obligaría a liberar dentro del país a personas sujetas a expulsión, sin garantías de que puedan ser detenidas otra vez

La secuencia del litigio

El 5 de octubre de 2026, la Corte Suprema dejó sin efecto una decisión del Noveno Circuito que había establecido que Noem no tenía autoridad para anular una extensión vigente del TPS. El expediente regresó entonces a ese tribunal para una nueva evaluación

El 30 de octubre, el Noveno Circuito rechazó el pedido de la administración para mantener congelada la medida cautelar dictada por el tribunal de California

El 3 de noviembre, el tribunal retiró su orden anterior y concedió una suspensión administrativa por 14 días a partir del 6 de noviembre. Ese plazo vence el 20 de noviembre