LA HAYA. La Corte Internacional de Justicia declaró que Myanmar cometió genocidio contra la población musulmana rohingya en el norte del estado de Rakáin
El tribunal concluyó que las fuerzas de seguridad mataron a miles de civiles, perpetraron violaciones y otros actos de violencia sexual, atacaron a personas que intentaban huir y destruyeron cientos de aldeas durante las operaciones militares de 2017
La sentencia también señaló la difusión activa de discursos de odio contra los rohingya. El fallo es definitivo y no admite recurso
Una decisión con alcance histórico
La resolución llegó siete años después de que Gambia presentara la demanda. Es la cuarta vez desde el Holocausto nazi que un tribunal internacional determina que se cumplen los requisitos legales para probar un genocidio y la primera en que se declara responsable a un Estado
La CIJ sostuvo que Myanmar debe indemnizar a las víctimas, aunque el monto se definirá más adelante. También ordenó garantizar el retorno seguro y digno de los desplazados y la reunificación de sus familias
La ofensiva militar expulsó al menos a 700.000 rohingya hacia Bangladesh. Actualmente, cerca de 1,2 millones viven en campamentos superpoblados de Cox’s Bazar
El límite para hacer cumplir el fallo
Aunque las decisiones de la CIJ son jurídicamente vinculantes, el tribunal no cuenta con un mecanismo propio para ejecutarlas. Si Myanmar incumple, puede informar al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que tiene facultades para imponer sanciones
El Consejo, integrado por 15 miembros, programó consultas sobre la sentencia y una reunión privada para el 7 de diciembre. Sin embargo, cualquier medida podría ser bloqueada por China y Rusia, que tienen derecho de veto
El gobierno de Myanmar calificó la decisión de injusta y destacó que fue aprobada por nueve votos contra seis. Su posición sostiene que no hubo unanimidad entre los 15 jueces
Las consecuencias que se discuten
Distintas organizaciones reclamaron sanciones contra los sectores del petróleo y el gas, las redes de armas y otros apoyos al ejército. También pidieron un embargo internacional de armas, mecanismos de supervisión y un fondo de reparaciones
Entre las demandas planteadas figuran la protección de los refugiados, el acceso a la educación, la ciudadanía y un retorno seguro y voluntario a Myanmar
Desde 1982, a casi todos los rohingya se les niega la ciudadanía. Además, enfrentan restricciones a la circulación y a otros derechos fundamentales. Myanmar sostiene que son migrantes bengalíes, aunque muchas familias rohingya viven en el país desde hace generaciones