La comisión federal encargada de hacer cumplir las leyes laborales antidiscriminatorias rechazó haber ordenado la suspensión general de las denuncias colectivas en el sector público, tras una demanda presentada por un sindicato y dos trabajadoras penitenciarias
El caso se originó por una orden del 10 de diciembre de 2025 en la que un juez administrativo indicó que una denuncia por acoso sexual quedaba en pausa y que esa notificación alcanzaba a todos los expedientes colectivos del sector federal
La versión del organismo
En una presentación judicial de la noche del jueves, la oficina principal de operaciones del organismo, Sharon Rose, sostuvo que el juez emitió esa notificación por error y que se trató de un episodio aislado
Rose también informó que el expediente fue derivado a otro juez administrativo, quien el lunes dictó una orden para continuar con el trámite. Un abogado del Departamento de Justicia envió además una carta con la misma explicación y pidió a los demandantes que retiraran su pedido de una medida cautelar preliminar
Los demandantes impugnan la explicación
Joseph Sellers, abogado de los denunciantes, dijo que la documentación disponible contradice la tesis oficial. Señaló que representa a trabajadores federales en al menos otros cinco reclamos colectivos que llevan meses estancados, incluidos casos contra el FBI y el Departamento de Defensa
Según la carta del Departamento de Justicia, en dos de esos expedientes también se emitieron órdenes de programación el lunes. Además, el abogado pidió que se le informara sobre cualquier otra denuncia colectiva federal que hubiera quedado suspendida para poder investigarla
Sellers consideró que el momento elegido para dictar esas nuevas órdenes, después de presentada la demanda, sugiere que la pausa no fue un simple error. Aun así, dijo que los demandantes están abiertos a dialogar con el gobierno para resolver el conflicto fuera de la corte
Un conflicto con impacto más amplio
La demanda fue presentada por la Federación Estadounidense de Empleados del Gobierno, el mayor sindicato de trabajadores federales, junto con dos oficiales correccionales de un complejo penitenciario federal en Pollock, Luisiana
Ellas integran una denuncia colectiva pendiente en la que acusan a la administración del penal de no haber impedido que reclusos hostigaran sexualmente a empleadas
El conflicto se da en medio de una fuerte reorientación de las prioridades del organismo bajo la presidencia de Donald Trump, con cambios que incluyen el impulso de casos contra políticas de diversidad e inclusión, el abandono de denuncias vinculadas con trabajadores transgénero y el recorte de herramientas usadas para investigar discriminación sistémica
Esos cambios han derivado en varias demandas contra la titular de la comisión, Andrea Lucas, quien sostiene que busca una visión “imparcial” y “sin distinciones raciales” de los derechos laborales