La Corte Internacional de Justicia determinó que el gobierno de Myanmar cometió genocidio contra la minoría rohinyá durante la operación militar de 2017. El fallo, aprobado por nueve votos contra seis, ordena garantizar el regreso seguro de quienes huyeron, pagar reparaciones y procesar a los presuntos responsables

La decisión es definitiva y jurídicamente vinculante, pero la corte no puede ejecutarla directamente. Si Myanmar no cumple, solo puede informar el incumplimiento al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas

El Consejo de Seguridad enfrenta posibles bloqueos

El Consejo de Seguridad convocó consultas cerradas para el miércoles siguiente y una reunión privada para el 7 de diciembre, a pedido del Reino Unido, que expulsó al agregado de defensa de Myanmar después del fallo

El organismo, integrado por 15 miembros, puede imponer sanciones. Sin embargo, China y Rusia tienen poder de veto y se prevé que cualquier medida para hacer cumplir la sentencia encuentre oposición. China ha evitado que el Consejo avance sobre el caso desde 2021

Gambia, que inició el proceso judicial, podría impulsar en la Asamblea General una resolución para exigir el cumplimiento de las demandas. Ese tipo de resolución no tendría la misma fuerza jurídica que una decisión del Consejo de Seguridad

Pedidos de sanciones contra el aparato militar

Organizaciones defensoras de los derechos humanos reclamaron sanciones contra el sector de petróleo y gas de Myanmar, además de medidas contra las redes que suministran armas y apoyo a sus fuerzas armadas

También pidieron suspender la transferencia de armas, equipos de seguridad y sistemas de vigilancia. Entre las propuestas figuran un embargo mundial de armas y el envío de la situación de Myanmar a la Corte Penal Internacional

Una eventual acción del Consejo de Seguridad ante la Corte Penal Internacional enfrentaría un posible veto de Estados Unidos, que mantiene sanciones contra ese tribunal, varios de sus jueces y miembros de su personal. Los fiscales de la corte solicitaron a fines de 2024 una orden de arresto contra Min Aung Hlaing por presuntos crímenes de lesa humanidad contra los rohinyás, pero aún no se anunció una decisión judicial

Los rohinyás siguen sin una vía clara para las reparaciones

El tribunal señaló que las fuerzas de Myanmar mataron a unas 100.000 personas rohinyás. El gobierno niega haber cometido genocidio y sostiene que su operación estuvo dirigida contra insurgentes. Min Aung Hlaing, entonces líder militar y actual presidente, estaba al frente de la operación de 2017

Las organizaciones humanitarias pidieron crear un fondo internacional de reparaciones y garantizar educación, protección, acceso a la ciudadanía y el regreso seguro y voluntario de los refugiados

En Bangladesh viven alrededor de 1,2 millones de rohinyás en campamentos superpoblados. Myanmar, de mayoría budista, afirma desde hace años que son migrantes “bengalíes”, aunque muchas familias llevan generaciones en el país

A casi toda la población rohinyá se le niega la ciudadanía desde 1982. Esa situación los dejó, en la práctica, sin nacionalidad y limitó su libertad de movimiento y otros derechos básicos

La activista rohinyá Yasmin Ullah sostuvo que el fallo solo tendrá efecto si los gobiernos actúan. Reclamó sanciones contra el presidente, reparaciones y medidas que permitan a su comunidad recuperar sus vidas y construir un futuro estable