El gobierno de Donald Trump solicitó a la Corte Suprema de Estados Unidos que mantenga bloqueada la restitución del Estatus de Protección Temporal (TPS) para venezolanos

La presentación cuestiona que el Noveno Circuito no haya suspendido el fallo que dejó sin efecto la terminación del programa. Luego, ese tribunal extendió su pausa administrativa hasta siete días después de emitir una decisión definitiva

Por esa medida, la protección correspondiente a la designación de 2023 no se reactivará automáticamente el viernes 20. La solicitud de emergencia ante la Corte Suprema continúa pendiente

El argumento presentado ante la Corte Suprema

El pedido, identificado como 26A714, fue firmado por el procurador general D. John Sauer en representación del secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin

El gobierno sostiene que el Noveno Circuito rechazó la suspensión en una orden de un solo párrafo y sin fundamentos suficientes. Cuatro días después, el tribunal retiró esa decisión, estableció una pausa de 14 días y pidió nuevos argumentos

La administración también invoca el precedente Mullin v. Doe, una decisión de junio de 2026 referida a Haití y Siria. Allí, la Corte Suprema determinó que la ley del TPS impide revisar judicialmente reclamos no constitucionales contra la finalización de una designación

Con ese fundamento, el máximo tribunal anuló el 5 de octubre una decisión del Noveno Circuito que había confirmado el fallo del juez federal Edward Chen

El posible impacto sobre las personas detenidas

El gobierno afirma que, si se levantara la pausa, el Departamento de Seguridad Nacional debería restablecer la protección después de 19 meses sin vigencia

La normativa impide deportar a los beneficiarios o detenerlos por su estatus migratorio y exige concederles autorización laboral

La estimación oficial indica que cerca de 1800 venezolanos bajo custodia migratoria deberían ser liberados. Hasta 332 de ellos tienen órdenes definitivas de deportación que no podrían ejecutarse

El grupo de 1800 personas representa aproximadamente el 0,5% de los 348.202 venezolanos que el Departamento de Seguridad Nacional consideraba elegibles para la designación de 2023 cuando anunció su finalización

Qué grupo está alcanzado por el litigio

La disputa se refiere a la designación del 3 de octubre de 2023. También incluye a personas registradas originalmente en 2021 que se reinscribieron bajo la extensión aprobada en enero de 2025

La designación de 2021 terminó el 7 de noviembre de 2025 y ese cierre no fue cuestionado por los demandantes

Después del precedente Doe, los demandantes admitieron ante el Noveno Circuito que sus objeciones legales contra la terminación ya no podían prosperar. El caso quedó concentrado en la anulación de la extensión de 18 meses firmada por el entonces secretario Alejandro Mayorkas

El gobierno sostiene que, incluso si esa anulación fuera inválida, la terminación habría comenzado a regir como mínimo el 3 de octubre de 2026, cuando venció la extensión

Los jueces Kim McLane Wardlaw, Salvador Mendoza Jr. y Anthony Johnstone recibieron argumentos adicionales hasta el 10 de noviembre. El panel todavía no fijó una fecha para su decisión de fondo

La Corte Suprema puede resolver ahora la solicitud de emergencia o esperar el pronunciamiento del Noveno Circuito