La Corte Suprema de Estados Unidos analizará el próximo 28 de septiembre el litigio sobre el Estatus de Protección Temporal (TPS) para venezolanos, apenas cuatro días antes de la fecha prevista para el vencimiento del beneficio
Durante una conferencia privada, los magistrados considerarán el pedido del gobierno de Donald Trump para revisar una sentencia que cuestionó la autoridad del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) para revocar una extensión previamente concedida
Qué evaluará la Corte Suprema
El caso llegó al máximo tribunal después de que la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito fallara en enero de 2026 a favor de los beneficiarios del TPS
Ese tribunal determinó que Kristi Noem, entonces secretaria del DHS, había excedido sus atribuciones al intentar dejar sin efecto la extensión aprobada en enero de 2025
La reunión privada del 28 de septiembre estará vinculada con el expediente Mullin v. National TPS Alliance, presentado por el gobierno bajo la administración del secretario Markwayne Mullin
Hasta cuándo mantendrán la documentación los beneficiarios
La extensión aprobada en enero de 2025 estableció la vigencia del TPS para Venezuela por 18 meses, hasta el 2 de octubre
Según la información oficial del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis), los venezolanos que recibieron antes del 5 de febrero de 2025 sus documentos de autorización de empleo (EAD), Formularios I-797, Avisos de Acción y Formularios I-94 relacionados con el TPS conservarán esa documentación como válida hasta el 2 de octubre
El origen de la disputa legal
Luego de la extensión de enero de 2025, la administración que asumió posteriormente canceló la designación de 2023 con efecto retroactivo a abril de ese año
Un tribunal federal bloqueó temporalmente la medida, pero la Corte Suprema suspendió esa orden provisional y permitió que el gobierno avanzara con la decisión
Entre septiembre y octubre de 2025, el tribunal federal declaró ilegales las acciones de Noem. La Corte Suprema volvió a suspender esa sentencia mientras el caso continuaba en la instancia de apelación
En enero de 2026, el Noveno Circuito confirmó el fallo del Tribunal de Distrito del Norte de California, que había dejado sin efecto las órdenes de la entonces secretaria del DHS bajo la Ley de Procedimiento Administrativo
El panel de tres jueces concluyó que la legislación del TPS no concede al Poder Ejecutivo autoridad explícita, implícita ni inherente para anular una extensión ya otorgada
También sostuvo que una terminación del TPS no puede comenzar antes de que finalice la extensión más reciente
El argumento del gobierno ante el máximo tribunal
El gobierno sostiene que una decisión de la Corte Suprema de junio de 2026, correspondiente al caso Mullin v. Doe, impide revisar judicialmente los reclamos no constitucionales relacionados con el TPS
Con ese argumento, busca que se deje sin efecto la sentencia del Noveno Circuito, incluida la conclusión de que Noem no tenía autoridad para revocar la extensión de enero de 2025
La administración también afirma que, a partir de ese precedente, el tribunal de apelaciones probablemente no debería haber examinado esos reclamos en primer lugar
La decisión sobre el pedido de revisión se conocerá mientras se aproxima el 2 de octubre, fecha en la que está prevista la finalización de la vigencia actual del TPS para los venezolanos