La Corte Suprema de Estados Unidos aceptó revisar si determinados inmigrantes sometidos a procesos de expulsión deben permanecer bajo custodia obligatoria o si pueden solicitar una audiencia para acceder a la libertad bajo fianza

El caso llegó al máximo tribunal por una apelación presentada por la administración de Donald Trump y está relacionado con Ricardo Aparecido Barbosa da Cunha, un ciudadano brasileño detenido en 2025

La disputa por la norma aplicable

La controversia se centra en qué disposición de la ley federal corresponde aplicar a las personas que ingresaron al país sin inspección ni admisión, permanecieron durante años en Estados Unidos y fueron arrestadas posteriormente dentro del territorio

El gobierno sostiene que esos inmigrantes están alcanzados por la sección 1225(b)(2)(A). Según esa interpretación, deben permanecer detenidos mientras avanza el proceso de deportación y no pueden pedir una audiencia de fianza ante un juez

Ese criterio comenzó a aplicarse en julio de 2025, después de que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas emitiera una nueva guía sobre la detención de personas que, según el Ejecutivo, ingresaron ilegalmente al país, incluso si llevan años viviendo allí

En cambio, durante administraciones anteriores muchos casos similares fueron tratados bajo la sección 1226(a). Esa norma permite que un juez de inmigración evalúe cada situación y decida si la persona puede ser liberada bajo fianza mientras continúa el procedimiento

El Tribunal de Apelaciones del Segundo Circuito advirtió que la postura del gobierno podría alcanzar a millones de personas si se aplica de manera amplia. La Corte Suprema aceptó formalmente revisar el caso el 1° de octubre. Las sentencias de los tres casos admitidos en esta instancia deberán conocerse antes de finales de junio de 2027

La discusión no abarca a inmigrantes sometidos a otros regímenes especiales de detención, como determinadas personas condenadas por delitos, cuyos casos están regulados por disposiciones diferentes

El caso que originó la apelación

Ricardo Aparecido Barbosa da Cunha ingresó a Estados Unidos sin inspección ni admisión alrededor de 2005. En 2016 solicitó asilo y obtuvo un permiso de trabajo válido

En septiembre de 2025, las autoridades migratorias lo arrestaron mediante una orden administrativa e iniciaron un procedimiento de deportación. El gobierno consideró que debía permanecer bajo custodia obligatoria conforme a la sección 1225(b)(2)(A)

Cunha cuestionó esa interpretación mediante una petición de habeas corpus, un recurso judicial utilizado para impugnar una detención considerada ilegal

Un tribunal federal de distrito concluyó que su situación debía regirse por la sección 1226(a) y ordenó que se realizara una audiencia o que fuera liberado

La liberación bajo fianza

Luego, un juez de inmigración evaluó las circunstancias personales de Cunha y determinó que no representaba un riesgo de fuga ni un peligro para otras personas o bienes. Por ese motivo, autorizó su liberación bajo fianza mientras continuaba el proceso migratorio

La administración Trump apeló la decisión, pero el Tribunal de Apelaciones del Segundo Circuito confirmó el fallo el 28 de abril

Los jueces sostuvieron que la norma de detención obligatoria invocada por el gobierno no corresponde a quienes ingresaron sin pasar por un control migratorio y fueron arrestados años después dentro de Estados Unidos. Según el tribunal, esa interpretación coincide con una práctica del Poder Ejecutivo mantenida durante unos 30 años y cinco administraciones presidenciales

Los argumentos de las partes

El procurador general D. John Sauer, en representación del gobierno de Trump, definió el conflicto como una cuestión de importancia crítica para el derecho migratorio

Sauer argumentó que el criterio oficial evita un incentivo que, según su postura, permitiría un trato más favorable para quienes no fueron detenidos al ingresar al país frente a quienes fueron interceptados en la frontera. También afirmó que los litigios sobre esta cuestión están alterando la administración de la ley de inmigración

Los abogados que cuestionan las detenciones sostienen que la administración no puede utilizar la ley para mantener a inmigrantes detenidos durante meses o años sin una audiencia destinada a fijar una fianza

También calificaron la interpretación oficial como una reinterpretación radical de la legislación migratoria y señalaron que algunas de las personas alcanzadas eran niños pequeños cuando ingresaron a Estados Unidos

Según esa posición, un juez debería analizar cada caso individualmente y determinar si existe un riesgo real de fuga o un peligro para la comunidad antes de mantener a una persona detenida durante todo el procedimiento