La Corte Suprema de Estados Unidos ordenó revisar nuevamente el caso que define el futuro del Estatus de Protección Temporal (TPS) para miles de venezolanos. La decisión se conoció el 5 de octubre, pocas semanas antes de las elecciones legislativas del 3 de noviembre
El tribunal no definió el futuro del TPS
En el expediente 26-48, los jueces aceptaron analizar el pedido del gobierno, anularon la sentencia del Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito y devolvieron el caso a esa instancia para una nueva evaluación
La resolución aplicó el mecanismo conocido como GVR: conceder la revisión, dejar sin efecto el fallo previo y devolver el expediente. El Noveno Circuito deberá reconsiderar el conflicto a la luz del precedente establecido en Mullin v. Doe, 609 U.S. 324
La medida es procesal y no determina si los venezolanos conservarán o perderán definitivamente el TPS. Las autorizaciones de empleo y las protecciones judiciales relacionadas con el programa estuvieron cubiertas hasta el 2 de octubre
Cómo comenzó la disputa migratoria
El conflicto surgió después de que el Departamento de Seguridad Nacional extendiera por 18 meses la protección migratoria para los beneficiarios venezolanos del TPS. La prórroga, aprobada en enero de 2025, establecía como fecha de finalización el 2 de octubre de 2026
Más tarde, la entonces secretaria del Departamento de Seguridad Nacional, Kristi Noem, intentó dejar sin efecto esa extensión antes de su vencimiento. La National TPS Alliance y otros beneficiarios acudieron a los tribunales para cuestionar la medida
El 28 de enero, el Noveno Circuito concluyó que la legislación no permite al Poder Ejecutivo cancelar de manera retroactiva una extensión del TPS que ya se encontraba vigente
El gobierno federal apeló ante la Corte Suprema. El 9 de julio, el procurador general John Sauer solicitó aplicar el mecanismo GVR. En agosto, la National TPS Alliance y los demás demandantes informaron que no se oponían al pedido bajo el nuevo marco jurídico
Los magistrados analizaron el expediente durante una conferencia privada celebrada el 28 de septiembre
Las elecciones elevan la presión sobre la Corte
La decisión coincide con la cuenta regresiva hacia las elecciones legislativas. Los posibles litigios sobre votos, recuentos y certificaciones podrían llevar nuevamente a la Corte Suprema a intervenir en disputas electorales marcadas por la división política
Durante el verano boreal, el tribunal ya actuó en controversias vinculadas con el voto por correo y los mapas electorales. Esas intervenciones buscaron evitar cambios de último momento que pudieran afectar el desarrollo de los comicios
Una disputa postelectoral de mayor alcance podría obligar a los jueces a pronunciarse sobre cuestiones con consecuencias para el control del Congreso. También aumentaría las críticas sobre el papel político del tribunal y su capacidad para funcionar como árbitro institucional
El profesor de derecho Jeffrey Rosen sostuvo que los magistrados son conscientes del clima político actual y que probablemente intervendrían si se presentara una verdadera emergencia postelectoral
La imagen pública del tribunal, bajo cuestionamiento
La discusión ocurre mientras disminuye la aprobación de la Corte Suprema. Una encuesta de la Escuela de Leyes de Marquette realizada en septiembre indicó que el 57% de los estadounidenses cree que los jueces toman decisiones influidas por la política y no únicamente por la ley
El mismo sondeo ubicó en 43% la aprobación general del tribunal. Entre los votantes demócratas, el 78% consideró que la mayoría conservadora, integrada por seis jueces frente a tres, evita pronunciarse contra el gobierno de Donald Trump
El juez Samuel A. Alito Jr. rechazó que la Corte forme parte de un movimiento político y afirmó que sus integrantes buscan interpretar la Constitución y aplicarla en los casos que llegan ante ellos
Entre las propuestas que se discuten para modificar el funcionamiento del máximo tribunal aparecen limitar la permanencia vitalicia de los jueces y establecer un sistema obligatorio de ética