La Corte Suprema de Estados Unidos ordenó este 5 de octubre una nueva revisión del expediente 26-48, relacionado con la continuidad del Estatus de Protección Temporal (TPS) para ciudadanos venezolanos
Los jueces aplicaron el procedimiento conocido como “Grant, Vacate, Remand” (GVR). La medida deja sin efecto la decisión previa del Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito y devuelve el caso a esa instancia
Una revisión, no una decisión definitiva
El Noveno Circuito deberá analizar nuevamente el conflicto y aplicar el criterio establecido por la Corte Suprema en Mullin v. Doe, 609 U.S. 324. Ese precedente fue el argumento central del gobierno para pedir que el expediente fuera revisado
La orden no determina que el TPS de los venezolanos deba terminar. Tampoco establece si los beneficiarios conservarán o perderán definitivamente el estatus, ni define por sí misma qué ocurrirá con sus autorizaciones de empleo
El alcance concreto de la decisión dependerá del nuevo análisis del Noveno Circuito y de las próximas resoluciones que se adopten durante el litigio
El origen de la disputa
Venezuela fue incorporada al programa de TPS en marzo de 2021. La designación se extendió en octubre de 2023 y nuevamente el 17 de enero de 2025, cuando se fijó una vigencia hasta el 2 de octubre de 2026 para determinados documentos
Más tarde, Kristi Noem, entonces secretaria del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), dispuso dejar sin efecto esa extensión y avanzar con la finalización del programa para los venezolanos
La medida fue impugnada por la National TPS Alliance y por beneficiarios del programa. En septiembre de 2025, un tribunal de distrito falló a favor de los demandantes y anuló la decisión del DHS
En enero de 2026, el Noveno Circuito confirmó esa resolución. Según ese tribunal, la secretaria no tenía autoridad legal para cancelar una extensión del TPS que ya había sido concedida
El pedido del gobierno
El DHS llevó el caso ante la Corte Suprema. El 9 de julio, el procurador general John Sauer solicitó que se aplicara el mecanismo GVR y sostuvo que el precedente de Mullin v. Doe, decidido el 25 de junio, modificaba el marco jurídico aplicable
La posición del gobierno fue que las restricciones para revisar judicialmente decisiones relacionadas con el TPS debían ser consideradas al resolver la controversia de los venezolanos
En agosto, la National TPS Alliance informó que no se oponía al pedido. Los magistrados estudiaron el expediente durante una conferencia privada realizada el 28 de septiembre, antes de emitir la orden del 5 de octubre
Qué ocurre ahora con el expediente 26-48
Como consecuencia inmediata, el fallo del Noveno Circuito deja de estar vigente dentro del caso y el expediente regresa a esa corte
La nueva revisión deberá establecer cómo se aplica el precedente de la Corte Suprema a la decisión administrativa del DHS. Por ahora, el máximo tribunal no resolvió si fue válida la determinación de terminar la extensión del TPS
El caso continuará centrado en la autoridad del DHS para modificar o cancelar una extensión del estatus migratorio que ya había sido otorgada