La diócesis católica de Vermont solicitó a un juez federal que cierre el proceso de reorganización financiera iniciado bajo el Capítulo 11, al cumplirse dos años de su presentación. Hasta ahora, el procedimiento acumuló 2 millones de dólares en honorarios legales

La institución había acudido a la protección judicial el 30 de septiembre de 2024. En ese momento informó que casi 70 acuerdos vinculados con abusos cometidos por sacerdotes habían reducido a la mitad sus recursos disponibles, hasta unos 35 millones de dólares. Además, permanecían pendientes más de 100 reclamos por abusos que se remontan a 1950

Un acuerdo rechazado por los acreedores

Durante dos jornadas de mediación privada, representantes de la diócesis y de los acreedores negociaron una salida al conflicto. La institución propuso un pago colectivo de 29,4 millones de dólares, equivalente a un promedio de 247.000 dólares por reclamante

El comité oficial que representa a los acreedores rechazó la oferta. Entre sus integrantes hay más de 100 personas que presentaron reclamos por abusos del clero

Los acreedores también impulsan una demanda para acceder a activos de parroquias locales valuados en aproximadamente 500 millones de dólares. Esos bienes fueron colocados en fideicomisos en 2006

La diócesis busca evitar nuevos costos

Tras el rechazo de la propuesta, la diócesis pidió el cierre del caso. Sus abogados sostienen que continuar con la mediación no permitiría alcanzar un resultado satisfactorio y que la clausura preservaría los recursos de la institución y de los sobrevivientes

Los acreedores anunciaron que se opondrán. Su representación legal considera que la diócesis decidió litigar cada disputa y luego atribuyó a terceros el aumento de los costos

Daniel Stack, uno de los miembros del comité y reclamante por abusos del clero, afirmó que el pedido constituye un nuevo intento de evitar responsabilidades después de haber recurrido a la quiebra para suspender su juicio

Qué ocurriría si se cierra el proceso

La legislación federal exige que cualquier plan de reorganización sea aprobado por el tribunal y por los acreedores. Si el caso termina sin un acuerdo, las demandas por abuso que quedaron suspendidas volverían a avanzar mediante juicios civiles individuales

La jueza Heather Cooper, con sede en Burlington, fijó para el 8 de diciembre una audiencia sobre la solicitud de la diócesis. Durante el verano había advertido que podría rechazar el plan de reorganización si no se presentaba una propuesta viable antes del segundo aniversario del proceso

Cooper también expresó su preocupación por el destino de los fondos de la iglesia y por la posibilidad de que una parte excesiva terminara en honorarios profesionales, en lugar de quedar disponible para compensar a los sobrevivientes

Activos parroquiales y una escuela en disputa

La demanda relacionada con los bienes de casi 70 parroquias busca determinar si esos activos pueden ser utilizados para responder a los reclamos. La jueza advirtió que, sin un acuerdo, el litigio podría extenderse durante años y consumir millones de dólares en honorarios y costos

Además, el tribunal había programado para noviembre una audiencia probatoria sobre la propuesta de vender la escuela secundaria Rice Memorial, en South Burlington, por 4,3 millones de dólares. Ese precio representa el 14% de una tasación de 30,5 millones encargada por la institución

Tanto la disputa por los activos parroquiales como la solicitud de venta de la escuela continúan en el calendario judicial

La diócesis de Vermont es una de 44 entidades católicas estadounidenses que recurrieron al Capítulo 11 desde 2002, cuando se conoció la dimensión nacional de los casos de abusos cometidos por sacerdotes. Entre los procesos de este tipo, otras diócesis registraron honorarios legales superiores: más de 100 millones de dólares en un caso de Nueva York, casi 60 millones en uno de Nueva Orleans y 23 millones en uno de Milwaukee