La Unión Europea puso en marcha este viernes un nuevo equipo en Bruselas para vigilar a las empresas de inteligencia artificial que operan dentro y fuera del bloque, en uno de los marcos regulatorios más estrictos que enfrenta hoy el sector tecnológico
Más control sobre contenidos y riesgos
La supervisión apuntará a detectar incumplimientos de la nueva normativa, entre ellos la difusión de material sexualmente explícito, fotos y videos falsos, y amenazas cibernéticas contra infraestructura pública
Cuando la ley europea sobre inteligencia artificial entre en vigor el domingo, las compañías deberán informar con etiquetas o marcas digitales cuándo un chatbot o una imagen fueron generados con IA
Desde Bruselas sostienen que la aplicación de la norma busca impulsar una inteligencia artificial “comprensible y confiable”, con beneficios extendidos para ciudadanos y empresas
Un equipo ampliado para investigar
La Comisión Europea amplió su Oficina de IA en Bruselas con 38 personas adicionales que comenzarán a monitorear a firmas nuevas y a gigantes tecnológicos de Estados Unidos y China
Esas empresas deberán documentar determinada información y, en el marco de las investigaciones, la Comisión se reserva el derecho de entrevistar a sus empleados
Además, se activaron una herramienta para denunciantes y otra de cumplimiento, pensadas para que trabajadores y usuarios informen de forma confidencial posibles conductas ilegales
La apuesta europea por soberanía y poder industrial
La nueva medida se suma a la estrategia europea de soberanía tecnológica, que combina regulación digital con ambición económica. En paralelo, el bloque viene aplicando fuertes multas antimonopolio a grandes tecnológicas y elevando su inversión en infraestructura para IA
Bruselas también quiere reducir su dependencia de software estadounidense y de importaciones chinas, al tiempo que intenta recortar distancia en la carrera global por la inteligencia artificial, donde sigue detrás de Estados Unidos y China
Si los modelos o productos incumplen la ley, la UE podrá imponer multas o incluso restringir su acceso al mercado europeo