La Unidad Nacional de Protección retiró de forma definitiva los esquemas de seguridad asignados a Gabriela Muñoz, Juliana Guerrero y Beto Coral, luego de una revisión técnica que determinó que no reunían las condiciones exigidas para conservar escoltas y vehículos financiados con recursos públicos
Según la evaluación, el funcionamiento conjunto de esas protecciones representaba un gasto cercano a $40 millones al mes, suma que incluía personal de custodia, automotores, combustible, mantenimiento y viáticos operativos
Gabriela Muñoz: la revisión cerró el caso
En el caso de Gabriela Muñoz, la asignación del esquema se había hecho en la etapa final del gobierno anterior, tras denuncias por supuestas intimidaciones. La UNP precisó que no existió una solicitud directa de escoltas por parte de la Fiscalía, sino un pedido para adelantar un estudio de riesgo
Con la nueva valoración, la entidad concluyó que las condiciones de amenaza señaladas inicialmente ya no estaban vigentes
Su caso había generado debate por los señalamientos de Angie Rodríguez sobre una presunta injerencia en decisiones administrativas dentro de la Aeronáutica Civil
Juliana Guerrero quedó fuera del esquema
La revisión también alcanzó a Juliana Guerrero, quien llegó a la Casa de Nariño de la mano del exministro Armando Benedetti. En paralelo, enfrenta procesos penales por la presunta utilización de títulos académicos falsos y por una investigación relacionada con una supuesta red de contratación estatal
Entre los hechos bajo escrutinio se mencionan cobros irregulares por gestionar reuniones, adelantar trámites contractuales y recibir comisiones sobre contratos adjudicados. Guerrero ha negado esos señalamientos
Para la UNP, esos elementos no justificaban mantener el dispositivo de seguridad
Beto Coral recibió una protección temporal
En el caso de Beto Coral, la entidad encontró que su esquema fue entregado de manera inmediata tras su deportación desde Estados Unidos, sin que antes se completaran las evaluaciones previas exigidas por el protocolo
La UNP aclaró que sí puede otorgarse protección temporal en situaciones urgentes, pero su continuidad depende de una verificación técnica posterior. Ese análisis no encontró riesgo suficiente para sostener el gasto
Con la decisión, la entidad dijo que busca reorientar sus recursos hacia líderes sociales, defensores de derechos humanos y personas con riesgo extraordinario o extremo comprobado