Honduras abrió el debate sobre la Ley CASI, una propuesta presentada ante el Congreso Nacional que busca reorganizar la respuesta del Estado frente al abuso sexual infantil. El proyecto apunta a acelerar la atención de las denuncias, coordinar la actuación institucional y garantizar apoyo médico y psicológico a las víctimas

Respuesta inmediata y sanciones

Uno de los ejes de la iniciativa es que, cuando una institución o funcionario reciba una denuncia, los mecanismos de protección se activen en un plazo menor a 24 horas. La intención es evitar demoras, vacíos de coordinación y casos que queden sin seguimiento

La exfiscal de la Niñez Diana Medina sostuvo que la respuesta no solo debe ser rápida, sino también exigible. A su juicio, las omisiones injustificadas y la negligencia deben traer consecuencias para quienes incumplan su deber de actuar

Menos revictimización

La propuesta también plantea que los niños y adolescentes declaren una sola vez, con el objetivo de evitar que repitan su testimonio ante varias autoridades. Además, prevé acompañamiento personalizado y atención médica y psicológica durante todo el proceso

Con ese enfoque, la ley busca colocar al menor en el centro de la respuesta institucional y reducir el impacto emocional que puede generar una investigación prolongada o fragmentada

Prevención en espacios para menores

La iniciativa no se limita a la reacción tras una agresión. También incorpora medidas preventivas para centros educativos, deportivos y otros lugares donde conviven o reciben atención niños y adolescentes

Entre esas exigencias figuran la verificación del personal contratado, protocolos para responder ante sospechas o denuncias y la obligación de informar los casos a las autoridades. El incumplimiento podría derivar en sanciones e incluso en la cancelación del permiso de operación

El papel del Congreso

La diputada Alejandra Vallecillo, presidenta de la Comisión de Familia, señaló que ahora el Congreso deberá estudiar el proyecto y emitir un dictamen para que continúe su trámite legislativo. El debate legislativo pondrá sobre la mesa la capacidad real del Estado para responder con rapidez y coordinación ante este tipo de casos

Nelson Castañeda, director de Seguridad y Justicia de la ASJ, también participó en el análisis desde la perspectiva de la seguridad y la sociedad civil, en un debate centrado en fortalecer la protección de la niñez