El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, presentó una demanda contra la administración de Donald Trump para impugnar la nueva regla de carga pública. Durante el anuncio, afirmó que mantiene conversaciones frecuentes con el presidente sobre inmigración, aunque ambos sostienen diferencias profundas

Mamdani criticó las redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), las políticas vinculadas al Estatus de Protección Temporal (TPS) y la aplicación de la nueva normativa

Mamdani defendió el aporte de los inmigrantes a Nueva York

El alcalde sostuvo que los inmigrantes forman parte esencial de la identidad de la ciudad y cuestionó las medidas impulsadas por el gobierno federal

Según Mamdani, las acciones migratorias de la administración Trump afectan a familias y comunidades, incluidos menores no acompañados. También afirmó que agentes del ICE ingresaron en viviendas, lugares de trabajo y escuelas

Consultado sobre sus conversaciones con el presidente, explicó que ambos mantienen un diálogo constante sobre la política migratoria. Sin embargo, remarcó que las diferencias respecto de las redadas, el TPS y la carga pública siguen vigentes

El alcalde advirtió que la nueva regla perjudicará a Nueva York y aseguró que su administración buscará proteger a los residentes mediante todas las vías disponibles

Qué cambia con la regla de carga pública

La disposición del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) establece los criterios que deberán utilizar los funcionarios del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis) para evaluar si una persona que solicita un ajuste de estatus podría convertirse en una carga pública

El nuevo criterio alcanza a los formularios I-485 sujetos a esa causal que hayan sido presentados por vía electrónica o postal desde el 18 de septiembre de 2026

La evaluación se realiza dentro del marco de la Ley de Inmigración y Nacionalidad e incluye cinco factores

  • Edad.
  • Estado de salud.
  • Situación familiar.
  • Bienes, recursos y condición financiera.
  • Educación y habilidades.

Para los beneficios recibidos desde el 18 de septiembre, el Uscis también puede considerar prestaciones públicas sujetas a una evaluación de recursos. Entre ellas figuran la asistencia económica, la vivienda pública o subsidiada, la ayuda alimentaria y la cobertura médica financiada por el gobierno

Las prestaciones obtenidas antes de esa fecha se analizan bajo el criterio anterior. En general, ese esquema contemplaba determinados pagos públicos destinados al sostenimiento de ingresos y la institucionalización prolongada financiada por el gobierno federal

La demanda contra el gobierno federal sigue abierta

La administración de Mamdani presentó la demanda el 14 de septiembre, cuatro días antes de la entrada en vigor de la norma, junto con Chicago, San Francisco, el condado de Santa Clara, Seattle y King County, en Washington

Al 30 de septiembre, el proceso continuaba abierto y no había una orden judicial para suspender la aplicación de la regla

La causa, identificada como City of New York et al. v. United States Department of Homeland Security et al., No. 1:26-cv-07982, tramita ante el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York. La primera conferencia fue programada para el 9 de octubre

La ciudad sostiene que el DHS excedió sus atribuciones al ampliar de forma significativa los beneficios que pueden ser considerados al determinar si una persona podría convertirse en una carga pública. También argumenta que la interpretación se aparta del sentido histórico del concepto y que la agencia actuó en contra de la Ley de Procedimiento Administrativo