La llegada de migrantes a Ceuta se ha frenado este martes y buena parte de quienes cruzaron en los últimos días ya han regresado a Marruecos. Según el último balance difundido por el Gobierno español, alrededor de 2.500 personas seguirían en la ciudad autónoma tras entrar de forma irregular, aunque las autoridades locales elevan esa cifra
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, participa hoy en una reunión con sus homólogos de la Unión Europea
En paralelo, España defenderá ante sus socios que mantiene un compromiso firme con el control de las fronteras y con una política migratoria que combine responsabilidad y solidaridad. La respuesta europea, sin embargo, no es uniforme: mientras la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha respaldado la gestión del Ejecutivo español, otros países han expresado su rechazo
Marruecos atribuye la crisis al fallo judicial
Una fuente del Ministerio de Exteriores marroquí aseguró este lunes que Rabat advirtió a España, días antes, de que la sentencia del Tribunal Supremo del 8 de julio iba a desencadenar un problema. Esa resolución declaró ilegales las expulsiones inmediatas de quienes llegan por mar
Según ese responsable, el diálogo entre ambos países arrancó hacia el 22 o 23 de julio, justo cuando empezaron a circular rumores sobre la decisión judicial y las redes vinculadas al tráfico de personas intensificaron su actividad. El funcionario sostiene que la situación se agravó por la difusión masiva de mensajes y por la actuación de esas mafias
El mismo portavoz marroquí considera que el fallo redujo la capacidad de freno que hasta entonces actuaba como elemento disuasorio y favoreció la entrada masiva de personas en Ceuta en apenas unos días. También reconoció que las fuerzas de seguridad de Marruecos quedaron desbordadas por el volumen de llegadas y por el llamado efecto llamada
Rabat insiste en una responsabilidad compartida
Desde el Gobierno marroquí subrayan que la gestión migratoria no puede recaer solo sobre Rabat. La fuente consultada señaló que el coste anual de los dispositivos asciende a unos 500 millones de euros, frente a una financiación europea que ronda los 145 millones
Además, criticó algunas reacciones políticas en España y acusó a determinados dirigentes de utilizar la crisis con fines electorales. Pese a ello, aseguró que la coordinación entre Marruecos y España sigue siendo plena y que ambos gobiernos mantienen una cooperación estable
De cara al futuro, el responsable marroquí defendió que el control policial, por sí solo, no resuelve el fenómeno migratorio. A su juicio, cualquier respuesta debe combinar seguridad, desarrollo y mecanismos de retorno. “Es una responsabilidad compartida”, resumió