La entrada en vigor de la Ley de Confianza Comunitaria modificó la manera en que las fuerzas de seguridad y los centros penitenciarios de Maryland pueden colaborar con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE)
La norma, correspondiente al proyecto del Senado SB 791, busca separar las funciones del sistema estatal de justicia penal de la aplicación civil de las leyes migratorias federales
Tres límites para las autoridades locales
La legislación impide que policías y empleados penitenciarios consulten o investiguen, durante sus tareas habituales, la ciudadanía, el lugar de nacimiento o la situación migratoria de una persona. La excepción se aplica cuando esos datos son necesarios para un registro o una investigación criminal
Además, las autoridades locales no pueden extender una detención únicamente por una posible infracción migratoria civil o por una solicitud de retención del ICE. Para mantener a una persona bajo custodia se requiere una orden judicial válida
El tercer límite prohíbe que agentes y trabajadores de cárceles notifiquen voluntariamente al ICE que una persona permanece detenida o la entreguen a las autoridades migratorias sin una orden judicial o un mandato válido
La ley contempla excepciones para ciertos condenados por delitos graves, personas obligadas a registrarse como ofensores sexuales y quienes recibieron penas de prisión estatal. Estas excepciones alcanzan algunas disposiciones sobre notificación y transferencia
La demanda de 17 alguaciles
El 9 de julio, el sheriff del condado de Harford, Jeffrey Gahler, y otros 16 alguaciles presentaron una demanda federal contra la legislación
Los funcionarios sostienen que las nuevas reglas reducen las herramientas de las autoridades locales, dificultan el intercambio de información y pueden afectar la coordinación con las agencias federales
También cuestionan el impacto de la norma sobre acuerdos de cooperación como el programa federal 287(g). Según su argumento, una cárcel podría verse obligada a liberar a una persona considerada peligrosa por el ICE si no existe una orden judicial que permita mantenerla detenida para transferirla
Gahler mencionó los asesinatos de Rachel Morin, ocurrido en 2023 en Bel Air, y Kayla Hamilton, cometido en Aberdeen en 2022. En ambos casos, personas inmigrantes de El Salvador fueron condenadas por los crímenes. El sheriff afirmó que estos hechos muestran los riesgos que, a su juicio, puede generar una menor cooperación entre las autoridades
La posición del gobierno estatal
La administración de Wes Moore afirmó que Maryland no será un lugar de protección para quienes cometan delitos. También sostuvo que la ley busca preservar los derechos constitucionales y la dignidad de las personas sin eliminar la responsabilidad penal por delitos violentos
El gobierno estatal señaló que continuará colaborando con la administración federal para mejorar la seguridad, pero cuestionó que agentes migratorios sin la capacitación, las cualificaciones o los mecanismos de rendición de cuentas necesarios puedan detener a menores y separar a madres de sus familias
La Ley de Confianza Comunitaria fue aprobada por la Asamblea General después de más de una década de iniciativas impulsadas por organizaciones y activistas. Al ser considerada una norma de emergencia, comenzó a regir de inmediato y no necesitó la firma directa del gobernador