Los legisladores de Nueva Jersey analizan la llamada Ley de Protección de Inquilinos Inmigrantes, una iniciativa que busca impedir que los propietarios utilicen la ciudadanía o el estatus migratorio de una persona para desalojarla, intimidarla o presionarla para que abandone su vivienda

El proyecto A4492 podría ser firmado por la gobernadora Mikie Sherrill. Sin embargo, al 30 de septiembre todavía no había sido aprobado de manera definitiva y debía continuar su evaluación

Qué conductas quedarían prohibidas

La propuesta impediría que los arrendadores amenacen con divulgar o hagan pública información sobre la situación migratoria o la ciudadanía de un inquilino para lograr que deje el inmueble

También prohibiría iniciar o mantener demandas destinadas a recuperar una vivienda cuando estén basadas, total o parcialmente, en el estatus migratorio del arrendatario. La medida alcanzaría, además, cualquier represalia motivada por razones de ciudadanía o inmigración

En los procesos judiciales relacionados con viviendas, los propietarios tendrían limitaciones para solicitar o investigar información migratoria durante la etapa de intercambio de pruebas. Las excepciones incluirían los casos en que el propio inquilino revele esa información durante el litigio o cuando exista evidencia clara y convincente de que resulta indispensable para cumplir con una norma federal

Defensas y compensaciones para los inquilinos

El inquilino podría alegar como defensa que el desalojo se debe a su estatus migratorio o a no haber presentado un número de Seguro Social, un informe crediticio o una identificación determinada, siempre que ya hubiera sido aprobado y se encontrara instalado en la vivienda

Además, la persona afectada podría iniciar una acción civil para reclamar los daños reales ocasionados, una multa de hasta 2000 dólares por cada infracción y el reembolso de los honorarios razonables de abogados y los costos judiciales

Si el arrendatario abandona la vivienda a causa de amenazas o de la divulgación efectiva de su situación migratoria por parte del propietario, el proyecto establece una compensación equivalente al triple de los daños causados, además de los gastos legales

Alcance de la protección habitacional

La iniciativa incorporaría la garantía implícita de habitabilidad a todos los contratos de alquiler residencial del estado. La protección incluiría distintas modalidades de viviendas arrendadas, incluso aquellas ocupadas por sus propietarios

El objetivo es garantizar condiciones dignas, seguras y libres de riesgos para la salud de los ocupantes, sin importar su ciudadanía o situación migratoria

El texto también reconoce que los arrendadores pueden verificar la identidad y la solvencia financiera de los postulantes antes de aprobar una solicitud. Asimismo, podrían cumplir con los requisitos de programas federales de asistencia para el alquiler, acatar citaciones y órdenes judiciales, y promover desalojos por causas justas contempladas en la legislación estatal

La propuesta fue presentada el 24 de febrero y recibió enmiendas el 8 de junio