El cierre de un programa federal que financiaba asistencia jurídica dejó a miles de menores migrantes no acompañados sin abogado en sus causas. La medida impacta a más de 25.000 chicos y adolescentes en riesgo de enfrentar procesos de deportación sin cobertura legal
El contrato, valuado en US$356 millones al año, venció el 31 de julio luego de que no fuera renovado por la administración de Donald Trump. La interrupción golpeó a una red de casi 100 organizaciones dedicadas a brindar servicios legales a menores en todo Estados Unidos
Una red legal debilitada
Las entidades proveedoras arrastraron pagos atrasados durante meses y, en algunos casos, debieron achicar equipos, cerrar oficinas o usar reservas para sostener la atención. Michael Lukens, director ejecutivo de Amica Center for Immigrant Rights, sostuvo que la presencia de un abogado es clave para garantizar el debido proceso de los menores
Melissa López, directora ejecutiva de Estrella del Paso, advirtió que no existe un reemplazo real para ese trabajo y resumió el efecto de llegar a los tribunales sin defensa: deportación
En Nueva York, 1.400 niños forman parte del grupo afectado. Más de 250 siguen detenidos mientras avanzan sus trámites migratorios. Además, este año ya se registró una cantidad de audiencias de deportación para menores no acompañados superior a la de todo 2025
Respuesta estatal en Nueva York
La gobernadora Kathy Hochul anunció una partida de US$7,25 millones para financiar abogados destinados a niños y jóvenes migrantes que atraviesan procedimientos de deportación. Los recursos se canalizarán a través de una coalición encabezada por la Federación Hispana
La Oficina Estatal de Nueva York para Nuevos Americanos será la encargada de firmar contratos con los proveedores jurídicos. El objetivo es llegar a unos 1.400 menores, incluidos los que permanecen detenidos y antes recibían asistencia mediante el programa federal
Hochul afirmó que ningún niño en el estado debería enfrentar el proceso migratorio sin defensores ni apoyo legal
Choque político por la política migratoria
La gobernadora se presentó junto al alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, y la fiscal general estatal, Letitia James. Los funcionarios defendieron la continuidad de la asistencia jurídica y cuestionaron el rumbo de la política migratoria federal
Mamdani señaló que la ciudad destinó US$153 millones a representación legal para inmigrantes y amplió la información sobre derechos en distintos idiomas. También dijo que el gobierno municipal reforzó las medidas para limitar la cooperación entre sus agencias y las autoridades migratorias federales
El alcalde sostuvo que Nueva York no permanecerá inmóvil mientras el gobierno federal deja a niños inmigrantes expuestos a la explotación y la deportación
La administración estatal también avanzó con restricciones a los acuerdos 287(g), que permiten a ciertas policías locales colaborar en tareas de aplicación de leyes migratorias. Las medidas incluyen límites al uso de instalaciones y personal policial local para controles migratorios civiles
Según los datos difundidos por el estado, el presupuesto de la ONA ronda los US$87 millones, un 27% más que el año anterior, y contempla asistencia jurídica, orientación sobre derechos y otros servicios comunitarios