Nueva York comenzó a aplicar este martes 25 de agosto la prohibición de los acuerdos 287(g) entre las fuerzas de seguridad estatales y locales y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE)
La medida, promovida por la gobernadora Kathy Hochul, restringe la intervención de autoridades locales en tareas federales vinculadas con la aplicación de leyes migratorias civiles
Qué cambia con la nueva norma
En una conferencia de prensa en Albany, Hochul explicó que las fuerzas de seguridad locales deben enfocarse en los delitos que afectan a sus propias comunidades
Según la Fiscalía General de Nueva York, 12 agencias tenían acuerdos 287(g) y fueron notificadas para darles fin antes del 25 de agosto
La disposición forma parte de la ley Local Cops, Local Crimes Act, incluida en un paquete legislativo que Hochul firmó el 27 de mayo
La norma impide que los gobiernos locales celebren o mantengan acuerdos 287(g), un programa que permite a agencias policiales estatales o locales colaborar con el gobierno federal bajo supervisión del ICE
La legislación también limita el uso de recursos locales y de ciertas instalaciones para alojar a personas detenidas por infracciones migratorias civiles
La prohibición no alcanza a las investigaciones por delitos. La cooperación con organismos federales sigue permitida cuando exista una causa penal
La posición de Hochul
Hochul sostuvo que la nueva ley no impide que el ICE siga aplicando las leyes federales de inmigración en Nueva York
La diferencia, dijo, es que en asuntos civiles los agentes federales deberán actuar sin apoyo de las fuerzas policiales locales
“A partir de hoy, el ICE ya no podrá utilizar a las fuerzas policiales financiadas con recursos locales”, afirmó
La gobernadora advirtió además que los departamentos u oficinas de sheriff que mantengan acuerdos incompatibles con la normativa pueden enfrentar acciones legales
La Oficina de Apoyo a Inmigrantes, creada dentro de la Fiscalía General de Nueva York, puede investigar posibles incumplimientos, revisar registros, entrevistar testigos y promover acciones civiles cuando corresponda
La disputa con el gobierno federal
La prohibición generó un enfrentamiento con el gobierno de Donald Trump
El Departamento de Justicia cuestionó la legislación estatal y buscó frenar su aplicación ante un tribunal federal
El 3 de agosto, un juez federal rechazó el pedido de la administración Trump para suspender de manera preliminar la prohibición de los acuerdos 287(g)
La misma resolución bloqueó de forma temporal otra disposición estatal vinculada al uso de máscaras por parte de agentes federales de inmigración
La decisión permitió que Nueva York avanzara con la implementación de la norma mientras continúa la disputa judicial
Resistencia local y debate político
La medida también encontró resistencia entre algunas autoridades locales
El condado de Rensselaer participaba desde 2018 en el programa 287(g) mediante un modelo que permitía a funcionarios penitenciarios entrevistar a personas ya detenidas para determinar su situación migratoria
Quienes respaldan el mecanismo sostienen que estos acuerdos son una herramienta de seguridad pública
Sus críticos, en cambio, advierten que este tipo de cooperación puede debilitar la confianza entre las comunidades inmigrantes y las fuerzas policiales locales