El próximo 17 de septiembre, Medellín será sede de Operación Colombia, un congreso jurídico con el que penalistas del país buscarán reunir fondos para apoyar la reconstrucción de colegios destruidos por el terremoto que golpeó a Chocó el 10 de agosto
La iniciativa tendrá formato híbrido y convocará a especialistas de distintos puntos de Latinoamérica para debatir sobre derecho penal contemporáneo, administración de justicia, filosofía del derecho, política, reforma judicial, sociología y criminología
Una respuesta desde el gremio jurídico
El proyecto nació en la firma Legalpro y se articuló con Psicología Jurimental, CLI, Exonerare y War Room Legal Academy. Sus impulsores plantean que todos los recursos obtenidos durante el encuentro serán destinados a las personas y comunidades afectadas por el sismo
Juan José Roldán, uno de los promotores, explicó que la meta es combinar la discusión académica con una acción concreta de solidaridad. También señaló que la firma realizará una donación adicional con el mismo propósito
La emergencia que dejó el terremoto
De acuerdo con el balance oficial, el sismo de magnitud 7,4 afectó a 15 departamentos y 476 municipios, con 151.433 familias damnificadas y 272.830 personas involucradas
La tragedia dejó 319 muertos, 4.469 heridos y 260 desaparecidos. En infraestructura, quedaron dañadas 151.995 viviendas y destruidos 30.803 hogares
El impacto también alcanzó al sector educativo: 3.513 centros escolares resultaron afectados, lo que dejó a miles de niños sin clases. Además, 1.731 animales fueron impactados y 549 lograron ser rescatados
Meta de recaudo y destino de los recursos
La comunidad penalista fijó una meta mínima de 50 millones de pesos. Ese dinero se usará en la reconstrucción de escuelas y en la compra de cemento, materiales, pupitres, libros, alimentos, medicinas y ayuda para los animales afectados
Las inscripciones presenciales en Medellín serán limitadas, mientras que la participación virtual estará abierta para asistentes de toda Latinoamérica
Con esta jornada, los organizadores esperan convertir el debate jurídico en una acción de apoyo directo para uno de los territorios más golpeados por la emergencia