El expresidente Gustavo Petro rechazó que el faltante de $5 billones para financiar las pensiones de Colpensiones sea consecuencia del aumento del salario mínimo para 2026

Andrés Mauricio Velasco, presidente de Asofondos, señaló que la administración anterior incrementó el salario mínimo en 23%, pese a que las proyecciones técnicas indicaban que el alza debía ser de máximo 7,5%

Según Velasco, el déficit se originó porque el Presupuesto General de la Nación para 2026 fue elaborado con supuestos de inflación y productividad que contemplaban un aumento salarial menor

Petro negó esa explicación y afirmó que el faltante estaría relacionado con un supuesto robo de los ahorros de los trabajadores por parte de entidades bancarias. El exmandatario hizo esa acusación contra integrantes del Grupo Aval y Bancolombia, pero no presentó pruebas para respaldarla

En contraste, Velasco sostuvo que el incremento del salario mínimo sí afectó los recursos destinados a las pensiones administradas por Colpensiones, debido a que estuvo por encima de los parámetros técnicos previstos

El costo de las pensiones públicas

El presidente de Asofondos indicó que las pensiones del régimen general de Colpensiones costarán alrededor de $80 billones durante este año, una cifra superior a lo recaudado por concepto de IVA

De ese total, aproximadamente $40 billones deberán financiarse con recursos del Presupuesto General de la Nación. Los $40 billones restantes se cubrirían mediante las cotizaciones actuales y el traslado de personas que hoy están cotizando, lo que representaría un endeudamiento con las futuras generaciones de pensionados

Cuestionamientos al presupuesto de 2027

El vicepresidente José Manuel Restrepo agregó otro cuestionamiento a la administración anterior. Según explicó, el Presupuesto General de la Nación establecido para 2027 no incluyó recursos destinados a obligaciones esenciales, entre ellas el pago de pensiones

Restrepo también afirmó que el presupuesto dejó por fuera gastos relacionados con la educación superior y las remuneraciones de los servidores públicos. En su opinión, se trató de un presupuesto mal elaborado que no contempló obligaciones fundamentales del Estado