Gustavo Petro volvió a criticar al gobierno de Abelardo de la Espriella y esta vez apuntó contra el decreto que declaró la emergencia económica, social y ecológica en Colombia por 30 días, con el fin de atender las consecuencias del terremoto de magnitud 7,4 ocurrido el 10 de agosto

La medida, firmada el 19 de agosto, habilita al Ejecutivo para expedir decretos con fuerza de ley mientras avanza la atención de una tragedia que, según las cifras oficiales citadas en el documento, deja 319 muertos, 4.469 heridos y 260 desaparecidos

La crítica de Petro al plan de respuesta

En un mensaje publicado el 21 de agosto, Petro afirmó que la salida propuesta por el Gobierno pasa por endeudar a las familias afectadas. También replicó el pronunciamiento del senador Wilson Arias, quien cuestionó que la alternativa principal para quienes perdieron su vivienda sea acceder a créditos

Arias sostuvo que un préstamo no equivale a una garantía para los damnificados y planteó, en cambio, un programa público de empleo y un plan de vivienda pública para las zonas golpeadas por el sismo

El congresista agregó que el costo de la reconstrucción es alto y calculó pérdidas cercanas al 1 % del PIB. Con ese argumento, resumió su postura en una frase: un crédito deja deuda, mientras que el empleo y la vivienda permiten reconstrucción real

Qué autoriza el decreto

El régimen excepcional rige en Antioquia, Caldas, Cauca, Chocó, Quindío, Cundinamarca, Risaralda, Huila, Valle del Cauca, Tolima, Putumayo, Norte de Santander, Bolívar, Nariño y Sucre, y puede ampliarse a otros municipios si se demuestra una afectación directa por el terremoto y sus réplicas

El texto ordena al Ministerio del Interior presentar un informe motivado al Congreso y dispone remitir el decreto a la Corte Constitucional al día siguiente. También prevé la comunicación de la decisión a la ONU y a la OEA

Entre los fundamentos de la medida, el Gobierno señaló que los cierres viales afectan corredores de carga y abastecimiento en departamentos que aportan el 11,5 % del suministro nacional de alimentos. Esa interrupción ya estaría generando desabastecimiento en algunas regiones, especialmente en el suroccidente

El decreto además advierte riesgos ambientales por escombros, residuos peligrosos, daños en sistemas hídricos y afectaciones sobre fauna y áreas protegidas. La estimación oficial habla de entre 1,5 y 2,4 millones de toneladas de escombros

La evaluación económica preliminar ubica el impacto en al menos 30 billones de pesos, cerca del 1,8 % del PIB. El documento también menciona una referencia del Servicio Geológico de Estados Unidos, que calcula pérdidas probables entre 1.000 y 10.000 millones de dólares

Según el Gobierno, ya se activaron mecanismos ordinarios de respuesta, como la declaración de desastre nacional, evacuaciones, alojamientos temporales, remoción de escombros, traslados de pacientes, priorización eléctrica para servicios esenciales y suspensión de términos judiciales y tributarios. Aun así, el Ejecutivo sostiene que la estrechez fiscal limita la capacidad estatal de reacción

Por eso, el plan incluye nuevas fuentes de recursos, reasignaciones presupuestarias, alivios tributarios temporales, operaciones de crédito más ágiles, uso de fondos del Sistema General de Regalías, ampliación de Obras por Impuestos y mecanismos extraordinarios con activos administrados por la Sociedad de Activos Especiales