El expresidente Gustavo Petro rechazó la decisión del Ministerio de Ambiente de dejar sin efecto la reserva temporal de 1.499 hectáreas en la microcuenca de la quebrada La Baja, en California, Santander, cerca del páramo de Santurbán
La defensa del agua como eje del debate
A través de sus redes sociales, Petro afirmó que la medida protegía el agua de Bucaramanga frente a la explotación minera del oro y sostuvo que su gobierno había blindado esa zona por tratarse de una prioridad ambiental
También señaló que la revocatoria abriría la puerta a proyectos impulsados por multinacionales del sector aurífero, con capital de Estados Unidos
Los argumentos del Ministerio
La decisión quedó formalizada en la Resolución 1037 del 13 de agosto de 2026, firmada por el ministro de Ambiente, Fabio Arjona, y dejó sin efecto la Resolución 0994 del 6 de agosto de 2026, expedida al final del gobierno anterior
Según la cartera ambiental, la norma anulada tuvo un vicio de procedimiento porque una recusación contra la exministra encargada Irene Vélez debió suspender el trámite antes de la firma de la reserva
El proceso también quedó atravesado por una orden del Juzgado Octavo Administrativo de Bucaramanga, que pidió garantizar de nuevo la participación ciudadana, el acceso a la información y el debido proceso en la delimitación del área
Un territorio en disputa
El plan del Gobierno de Petro incluía una delimitación progresiva de 29.199 hectáreas, convertir La Baja en reserva definitiva y extender hasta marzo de 2029 una reserva temporal de más de 75.400 hectáreas para proteger el ecosistema y las fuentes de agua que abastecen a Santander y Norte de Santander
Sin embargo, la propuesta generó resistencia en municipios de Soto Norte, donde mineros, campesinos y autoridades locales advirtieron posibles impactos sobre la minería legal y la economía regional
La quebrada La Baja hace parte de la cuenca alta del río Suratá, una de las fuentes que alimentan el acueducto metropolitano de Bucaramanga
Con la nueva decisión, el Ministerio de Ambiente deberá reabrir las mesas de diálogo con la comunidad y los gremios mineros de California antes de definir el futuro del área