La reestructuración de Petroperú entra en una semana decisiva. Este martes 25 de agosto, el Tribunal Constitucional escuchará en audiencia pública las demandas de inconstitucionalidad presentadas contra el Decreto de Urgencia 010-2025, la norma que impulsa la reorganización de la empresa estatal

Una reorganización bajo cuestionamiento

La Defensoría del Pueblo y la Municipalidad Provincial de Talara llevaron el caso al plano constitucional al cuestionar la legalidad del decreto. Según sus planteamientos, la medida vulnera el artículo 60 de la Constitución y no cumple con los requisitos de urgencia e imprevisibilidad que justificarían una decisión de ese tipo

El decreto, promulgado el 31 de diciembre de 2025 por el gobierno transitorio de José Jerí, plantea separar y transferir unidades de negocio de la petrolera a entidades como Proinversión, dentro de un esquema orientado a concesiones y ajustes financieros

Críticas desde gremios y colegios profesionales

La Defensoría ha sostenido que Petroperú es un activo estratégico para la seguridad energética del país y que el Ejecutivo habría excedido sus facultades al modificar el régimen de la empresa por decreto, sin pasar por el debate parlamentario

La Federación Nacional de Trabajadores Petroleros, Energía y Afines del Perú presentó además una demanda de amparo para detener la aplicación de la norma y proteger la estabilidad laboral. El Quinto Juzgado Constitucional de Lima admitió el recurso y fijó la audiencia única para el 5 de octubre

También se sumaron cuestionamientos del Colegio de Abogados de Lima y del Colegio de Ingenieros del Perú, que advierten riesgos para el abastecimiento y la soberanía energética si la reorganización avanza sin sustento técnico ni respaldo constitucional

El rescate financiero, atado al desenlace

La tensión aumentó en mayo de 2026 con el Decreto de Urgencia 003-2026, que habilitó un rescate financiero de hasta 2.000 millones de dólares para sostener la operación de la compañía

Ese respaldo, sin embargo, depende de la aplicación previa del DU 010-2025. Por eso, el pronunciamiento del Tribunal Constitucional será clave no solo para el futuro de la reestructuración, sino también para definir el alcance del salvataje y la estabilidad de Petroperú

Mientras tanto, gremios y organizaciones afines han pedido seguir de cerca la decisión judicial, en un escenario que combina disputa constitucional, presión financiera y debate sobre el papel de la empresa estatal en la seguridad energética nacional