El abogado Héctor Ponce advirtió que Roosevelt Hernández, exjefe de las Fuerzas Armadas de Honduras, podría quedar sujeto a una orden de captura si no logra explicar su incomparecencia ante una citación judicial dentro del proceso que enfrenta por señalamientos relacionados con la libertad de prensa y periodistas

Según explicó, cuando una persona ha sido convocada en forma legal y no se presenta ante el juez, el tribunal debe analizar las razones de esa ausencia y definir qué medida corresponde. En ese escenario, el Ministerio Público también podría pronunciarse sobre una eventual incomparecencia injustificada

El peso de la ausencia

Ponce sostuvo que, si no existe una justificación válida, la fiscalía podría pedir que se libre una orden de aprehensión. Aclaró que esa decisión no sería automática, porque antes el juez debe escuchar a la defensa y valorar los elementos expuestos en audiencia

El abogado agregó que una orden de captura es una medida cautelar que restringe la libertad personal, por lo que el análisis judicial debe apoyarse en los argumentos de ambas partes y en la explicación que ofrezca la representación legal del exmilitar

El amparo, punto clave

Otro aspecto central, dijo Ponce, es verificar si la defensa logró demostrar que un recurso de amparo fue admitido y si ese recurso incluye la suspensión del acto reclamado. Ese detalle podría influir en la continuidad del trámite judicial

Si no se acredita una resolución que detenga las actuaciones, el juez tendría margen para resolver sobre la ausencia del imputado. Ponce recordó además que las citaciones judiciales deben atenderse por tratarse de instrucciones de una autoridad del país

Una salida distinta a la captura

El jurista señaló que la orden de captura no necesariamente sería la única opción. También podría otorgarse un plazo razonable para que la defensa presente documentos o aclare la situación del recurso planteado

Indicó que, en este tipo de resoluciones, también pueden incidir factores administrativos como la carga de trabajo de los tribunales, siempre dentro de las facultades que tiene el juez

La disputa jurídica de fondo

Ponce añadió que existe además una discusión sobre la vía procesal que debe seguir el caso. Corresponderá a la Corte de Apelaciones definir si la acción penal pública fue la correcta o si los hechos debieron tramitarse como querella

Esa decisión es relevante porque cambia la forma en que avanza el expediente y cuál autoridad judicial debe conocerlo. Mientras se resuelve ese debate, la eventual ausencia injustificada de Hernández seguirá siendo un punto central en la causa