Los profesores responsables de los estudiantes del Liceo Naval Almirante Guise durante el traslado en el que habría ocurrido una presunta agresión sexual podrían ser incluidos en una investigación penal si se demuestra que incumplieron su deber de protección
El abogado penalista Julio Rodríguez explicó que, bajo determinadas circunstancias, los adultos podrían responder como autores por omisión. En ese escenario, la sanción podría alcanzar hasta 26 años de privación de libertad
La responsabilidad dependerá del deber de protección
Según el especialista, las autoridades deberán establecer si los profesores tenían una obligación concreta de proteger a los escolares y si omitieron actuar pese a encontrarse a cargo del grupo durante una actividad organizada por el colegio
Una eventual imputación tendría que sustentarse en elementos que acrediten la obligación de actuar y el incumplimiento de ese deber. Si ello se confirma, los adultos presentes en el vehículo podrían ser considerados responsables por una agresión sexual en comisión por omisión
Respecto de la directora del plantel, el abogado indicó que no correspondería atribuirle automáticamente responsabilidad penal, debido a que no se encontraba en el vehículo durante el traslado
Sin embargo, el colegio podría afrontar demandas en el ámbito civil. Una eventual reparación incluiría los gastos de atención de la víctima y los daños extrapatrimoniales y morales que puedan acreditarse durante el proceso
La decisión sobre los diez adolescentes
El vencimiento del plazo de retención de 48 horas será otro punto relevante para la investigación. Si el Ministerio Público considera que existe riesgo de fuga o de interferencia en las diligencias, puede solicitar ante un juez de familia una medida preventiva de internamiento
La medida podría cumplirse en un centro juvenil, como Maranguita, pero no se aplicaría de forma automática. El juzgado deberá evaluar los argumentos de la Fiscalía y de la defensa antes de resolver
La defensa podría sostener que los investigados no representan un riesgo y que no existe posibilidad de reiteración de conductas similares. Por su parte, el juez podría considerar información sobre presuntos episodios violentos anteriores si esta se encuentra debidamente acreditada
Las diligencias definirán la participación de cada involucrado
La Fiscalía deberá determinar qué ocurrió dentro del vehículo y cuál fue la intervención concreta de cada estudiante. Para ello, se realizarán declaraciones de los involucrados, una evaluación médico-legal, pericias psicológicas y psiquiátricas, además de la declaración de la víctima mediante cámara Gesell
Una vez acreditada la existencia de una agresión sexual, será necesario establecer el papel desempeñado por cada participante. La distribución de funciones durante el hecho podría llevar a considerar que existe coautoría, de acuerdo con la explicación del abogado
Por la edad de los adolescentes, no correspondería una pena de cárcel ordinaria. Si se determina su responsabilidad, podrían recibir medidas socioeducativas bajo el régimen penal juvenil, con un máximo de seis años de internamiento para los casos más graves
El proceso deberá definir individualmente la participación de cada adolescente y establecer si existió responsabilidad de los adultos encargados de protegerlos durante el traslado. Mientras continúan las diligencias, el Liceo Naval mantiene sus clases en modalidad virtual