El juez de Garantías de San Isidro Ricardo Costa prohibió a Martín Rettori y Ariel Libertini usar o tener teléfonos celulares y otros dispositivos con conexión a Internet o redes de datos
Ambos están detenidos por una investigación sobre robos en viviendas de San Isidro y ahora también fueron imputados por coacción y amenazas coactivas. Se sospecha que planificaban un ataque contra la fiscal María Paula Hertrig, quien intervino en la causa que los llevó a prisión
El contenido hallado en los dispositivos
La decisión se tomó después de allanamientos realizados en septiembre en las cárceles de Florencio Varela y Campana, donde estaban alojados los sospechosos. En esos procedimientos se secuestraron teléfonos y se autorizó la extracción forense de sus datos
Según la presentación fiscal, Rettori había consultado a herramientas de inteligencia artificial sobre películas cuya trama incluía la muerte de un fiscal o un juez. También habría utilizado esas herramientas para redactar un texto contra Hertrig y su marido
El análisis preliminar de las conversaciones también habría revelado la planificación de un robo a un bazar de José C. Paz, con un botín estimado en 50 millones de pesos. En los chats se mencionaban cámaras, alarmas, domos municipales y posibles accesos al lugar. Además, los investigadores señalaron comunicaciones sobre sustracción de vehículos y un presunto intercambio de armas
La investigación por los robos
La causa original apunta a una organización dedicada a robos bajo la modalidad de entradera. De acuerdo con la investigación, los integrantes obtenían información a partir de vehículos dejados en un garaje de Tigre, copiaban llaves y estudiaban las medidas de seguridad de las viviendas antes de irrumpir
Uno de los hechos investigados ocurrió el 29 de noviembre de 2024 en Boulogne. En ese asalto, las víctimas denunciaron el robo de 100.000 dólares y 700.000 pesos
La fiscalía sostiene que el grupo utilizaba vehículos robados con patentes cambiadas y que reducía a los ocupantes de las casas durante los ataques
Una excepción para la defensa
El juez Costa consideró que los elementos reunidos superaban la posibilidad abstracta de un uso ilícito de los dispositivos y permitían sostener, con el grado de probabilidad propio de esta etapa, que podían continuar planificándose delitos desde los lugares de detención
La prohibición no alcanza las comunicaciones de los detenidos con sus abogados defensores