Durante la noche del 13 de agosto de 1936, Owensboro, Kentucky, permaneció despierta. Familias enteras llegaron en autos y trenes, mientras otras personas acampaban cerca de una horca instalada a orillas del río Ohio

Algunos vecinos describieron el movimiento constante de los visitantes, el ruido de los vehículos y las voces que se escuchaban hasta el amanecer. En varias casas se organizaron reuniones que fueron conocidas como “fiestas de ahorcamiento”

La multitud esperaba la ejecución de Rainey Bethea, prevista para la mañana del 14 de agosto. El joven, que tenía poco más de 21 años, había sido condenado por la violación de Lischia Edwards, una mujer de 70 años hallada muerta en su departamento

Una condena rápida y una multitud fuera de control

Bethea trabajaba limpiando la vivienda de Edwards y tenía antecedentes por delitos menores. Los investigadores encontraron sus huellas en el lugar y recuperaron las joyas de la víctima a partir de la información proporcionada durante su confesión

El acusado se retractó varias veces, pero sus objeciones no modificaron el proceso. Fue condenado por violación, aunque nunca recibió una condena por homicidio. Una ley de Kentucky de 1920 establecía que quienes fueran declarados culpables de violación debían morir en la horca

Las autoridades habían previsto construir un espacio cerrado con capacidad para apenas 100 espectadores. El recinto nunca fue terminado y la ejecución quedó expuesta a una concurrencia que algunas estimaciones ubicaron en unas 20.000 personas

Entre los asistentes había quienes acudían por curiosidad o morbo, pero también personas interesadas en observar a Florence Thompson, la alguacil que debía supervisar el procedimiento. Viuda, madre de cuatro hijos y de 44 años, había asumido el cargo pocas semanas antes, tras la muerte de su esposo, el alguacil electo

Thompson había sido presentada como la primera mujer que ejecutaría una sentencia de muerte en Estados Unidos. Sin embargo, decidió delegar la tarea en Arthur Hash, un expolicía de Louisville que había servido en Francia durante la Primera Guerra Mundial

Al amanecer, Hash subió a la plataforma vestido de blanco y con un sombrero panamá. Detrás de él apareció Bethea, esposado. El procedimiento fue breve y no incluyó discursos ni ceremonias. Algunos testigos recordaron que el condenado apenas movió los pies antes de quedar inmóvil

El escándalo que impulsó el fin de las ejecuciones públicas

Las versiones sobre lo ocurrido después del ahorcamiento fueron contradictorias. Algunos relatos describieron a personas que se abalanzaron sobre la horca para arrancar la capucha del condenado y conservarla como recuerdo. Vecinos de Owensboro rechazaron esa imagen y denunciaron un tratamiento sensacionalista de la escena

Otros testigos aseguraron que, antes de la ejecución, el público guardó un silencio absoluto. La discusión quedó marcada por una pregunta central: si la pena de muerte debía presentarse ante una multitud como un espectáculo

Las críticas también apuntaron contra el efecto de esas ceremonias. En lugar de disuadir el delito o subrayar el valor de la vida, las ejecuciones abiertas podían despertar comportamientos violentos y convertir el castigo en una celebración colectiva

En la década de 1930, la mayoría de los estados ya había eliminado las ejecuciones públicas. Kentucky se mantuvo entre los últimos en hacerlo. En 1938, el gobernador firmó la ley que puso fin a los ahorcamientos públicos en el estado

En 1937, Roscoe “Red” Jackson fue ahorcado en Missouri ante unas 500 personas. El acceso estuvo restringido mediante entradas y no se registró un desborde comparable. Por la cantidad de asistentes y la repercusión que provocó, el caso Bethea suele ser considerado la última gran ejecución pública de Estados Unidos

De la horca al circuito cerrado

Desde entonces, las ejecuciones estadounidenses pasaron a realizarse a puertas cerradas. Una excepción parcial ocurrió en 2001, cuando la ejecución de Timothy McVeigh, responsable del atentado de Oklahoma City de 1995, fue transmitida por circuito cerrado para sobrevivientes y familiares

Unas 2.000 personas podían acceder a la transmisión, pero solo alrededor de 230 decidieron verla. Quienes participaron describieron la experiencia como impactante, aunque también insatisfactoria

El debate vuelve con un fusilamiento transmitido

La discusión sobre el carácter público de la pena capital regresó en octubre de 2026, después de que el Pentágono anunciara que transmitirá por streaming el fusilamiento de Nidal Malik Hasan

Hasan, excomandante y psiquiatra del Ejército estadounidense, fue declarado culpable de asesinato premeditado por el ataque ocurrido en 2009 en la base militar de Fort Hood. Murieron 13 soldados y otros 32 resultaron heridos. La condena a muerte fue dictada en 2013 y el fusilamiento está previsto para el 3 de diciembre en Texas

La oficina de derechos humanos de Naciones Unidas consideró que la transmisión equivaldría a una ejecución pública y advirtió que vulneraría la prohibición absoluta de la tortura. También surgieron críticas dentro de Estados Unidos

Al mismo tiempo, Alonzo Lunsford, un exsargento que recibió siete disparos durante el ataque, defendió el método y sostuvo que los familiares y sobrevivientes deberían poder presenciarlo. Su postura reabre el dilema que ya había quedado expuesto en Owensboro: cuándo un castigo deja de ser un acto judicial y se transforma en espectáculo