Las acusaciones de que una estudiante de la Universidad Cornell fue víctima de una violación grupal en una casa de fraternidad en 2024 generaron una fuerte controversia pública sobre la actuación de las autoridades universitarias, la policía y la fiscalía

El caso volvió a cobrar relevancia tras una demanda presentada el mes pasado contra siete integrantes de la fraternidad Chi Phi, la universidad y otras personas. A partir de esa presentación, el fiscal del condado de Tompkins, Matthew Van Houten, reabrió la investigación penal

Inicialmente, Van Houten había decidido no presentar cargos porque sostenía que no contaba con pruebas suficientes de que la estudiante hubiera sido violada o drogada contra su voluntad. Varios de los hombres mencionados negaron haber mantenido relaciones sexuales sin consentimiento y algunos afirmaron que ni siquiera tocaron a la mujer

El jueves, la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, anunció que designaría al fiscal general del estado como fiscal especial para hacerse cargo de la investigación

La estudiante sí habló de coerción y violación

La afirmación de que la mujer nunca dijo a la policía que había sido violada es engañosa. Según la transcripción de sus entrevistas, relató que había consentido un encuentro sexual inicial con dos hombres, pero que luego se sintió incómoda cuando otros comenzaron a ingresar en la habitación

“Sí. Fue coerción”, declaró ante un agente de la policía del campus. También dijo que estaba “completa y totalmente incapacitada” antes de parte del abuso sexual

La estudiante reconoció que había consumido alcohol y drogas durante la noche de octubre de 2024 en la fraternidad Chi Phi, y que tenía lagunas de memoria. Afirmó que al menos uno de los hombres la golpeó durante un ataque que, según su relato, duró varias horas

“Puedo decir con 100% de confianza que fui violada”, expresó en la entrevista

Cornell realizó una investigación interna

Tampoco es cierto que Cornell no haya actuado tras recibir la denuncia. La universidad suspendió de inmediato a Chi Phi, que continúa apartada del campus, y sancionó provisionalmente a algunos de los estudiantes señalados

La investigación interna incluyó 50 entrevistas con 32 testigos y 12 días de audiencias. La estudiante y varios de los hombres a los que acusó también fueron entrevistados

Un panel elaboró un informe de 99 páginas con sus conclusiones. La revisión terminó con la expulsión o suspensión de algunos estudiantes, aunque la universidad no informó cuántos fueron sancionados ni brindó detalles, debido a las leyes federales de privacidad

Después de la denuncia, Cornell también creó un grupo de trabajo sobre agresiones sexuales en el campus. El panel presentó recomendaciones a comienzos de este año; algunas ya fueron aplicadas y otras todavía están en desarrollo

Las sanciones no se limitaron a escribir ensayos

La universidad sostiene que expulsó a algunos estudiantes, aunque no precisó la cantidad. Por eso, es engañoso afirmar que la única medida disciplinaria consistió en ordenarles escribir ensayos

Algunas personas acusadas de agresión sexual fueron declaradas no responsables de ese cargo por la universidad, pero recibieron la obligación de escribir ensayos o asistir a clases por otras conductas consideradas sancionables

El fiscal no entrevistó personalmente a la estudiante

Es cierto que Van Houten decidió cerrar el caso sin hablar directamente con la víctima ni leer la transcripción completa de sus entrevistas policiales

El fiscal explicó que basó su decisión en una declaración preparada por la policía del campus y firmada por la estudiante. Ese documento resumía dos días de entrevistas, pero no incluía, según Van Houten, sus dichos sobre la certeza de haber sufrido una agresión sexual

También afirmó que la declaración no mencionaba que hubiera sido drogada contra su voluntad ni que la hubieran obligado a realizar actos sexuales. Con esa información, concluyó que no había elementos para iniciar una causa penal

Van Houten sostuvo que consideraba suficientemente detallado el relato transmitido por la policía y que, por ese motivo, no creyó necesario profundizar la investigación. También señaló que ni la estudiante ni su abogado se comunicaron con él para pedirle que reconsiderara la decisión

El fiscal dijo que, en ese momento, la información recibida de la policía del campus parecía ofrecer una descripción completa de las acusaciones