SAN CARLOS DE BARILOCHE. La estatua ecuestre de Julio Argentino Roca, ubicada en el Centro Cívico, quedó rodeada por un cerramiento permanente de hierro. La intervención fue impulsada por el Instituto Rocaniano, contó con aportes privados y recibió el aval de la intendencia local

La instalación de las rejas generó una reacción inmediata en el Concejo Deliberante. La oposición presentó un pedido de informes para determinar si se cumplieron los requisitos patrimoniales, administrativos y presupuestarios antes de intervenir la plaza seca

Una obra de protección y restauración

Los trabajos comenzaron el 3 de noviembre con operarios y maquinaria pesada. El proyecto contempla un vallado perimetral de barras de hierro macizo y la restauración de la escultura de bronce, cuyo peso supera las 5.000 kilogramos

Las tareas incluyen el sellado y la soldadura de cortes realizados en las patas del caballo hace aproximadamente dos décadas, la limpieza del metal para retirar capas de pintura y la reposición de la rienda. La supervisión está a cargo del artista plástico local Daniel De Gaetano

La estructura fue ejecutada por la firma metalúrgica Hery Carp. El presupuesto contempla $20.000.000 para la mano de obra metalúrgica y $1.000.000 para los honorarios del restaurador. Con materiales e insumos, la inversión total supera los $50.000.000

El Instituto Rocaniano informó que el dinero fue reunido mediante donaciones de particulares, empresas y asociaciones. También señaló que las estructuras de hierro fueron donadas por una capilla de Comodoro Rivadavia. Según su presidente, Martiniano Duarte, el proyecto comenzó hace cuatro años

Los cuestionamientos institucionales

Duarte sostuvo que la iniciativa obtuvo la aprobación de la Comisión Nacional de Monumentos, de Lugares y de Bienes Históricos, además de la autorización municipal. El intendente Walter Cortés respaldó el cercado y firmó el pedido remitido al organismo patrimonial nacional, según el titular del instituto

El subsecretario de Cultura municipal, Martín Iriarte, confirmó que la comuna autorizó la obra y supervisó la instalación. Aclaró que el municipio no destinó fondos presupuestarios a los materiales ni a la mano de obra

La concejal Roxana Ferreyra cuestionó que no hubiera debate previo ni notificaciones a las comisiones del Concejo Deliberante. También reclamó precisiones sobre la autorización patrimonial nacional y la intervención del Ente Municipal de Patrimonio Histórico y Urbanístico

Ese organismo, previsto por la Ordenanza Municipal 2.148-CM-2011, reúne representantes del Ejecutivo, el Legislativo, universidades y colegios profesionales. Su función incluye emitir un dictamen técnico sobre el impacto ambiental, visual y arquitectónico de intervenciones en el Centro Cívico

Ferreyra añadió que, de acuerdo con la Carta Orgánica Municipal, las donaciones o convenios privados destinados a obras en espacios públicos deben ser remitidos al Concejo Deliberante para su aprobación mediante una ordenanza o una adecuación presupuestaria

Un monumento en disputa

La concejal también planteó que Bariloche se define como un municipio intercultural y que las decisiones sobre símbolos de alta sensibilidad comunitaria requieren consenso e información pública. Además, contrastó la rapidez de la instalación con el deterioro general de la plaza y de distintos sectores del Centro Cívico

El conflicto se suma a una larga controversia sobre la estatua, instalada en 1941. En julio de 2023, el municipio había anunciado un proyecto para trasladarla hacia las barrancas próximas al lago Nahuel Huapi, junto al busto de Juan Manuel de Rosas

En agosto de ese año, la Justicia de Río Negro dictó una medida cautelar que impidió modificar el emplazamiento original y limitó las acciones permitidas a tareas de conservación y mantenimiento

El diseño del Centro Cívico, proyectado a fines de la década de 1930 por el arquitecto Ernesto de Estrada, preveía una plaza seca sin esculturas centrales. Con el tiempo, la estatua se convirtió en un punto de protestas, pintadas y reclamos de agrupaciones nativas y ambientalistas

La instalación del cerramiento vuelve a poner en discusión la protección del patrimonio, los procedimientos institucionales y el uso de un espacio público central para la vida política y comunitaria de Bariloche