Santa Fe se convirtió en la primera provincia argentina en sancionar una ley para prohibir y castigar la actividad informal de cuidacoches y limpiavidrios, conocidos popularmente como “trapitos”. La norma podría ser promulgada próximamente por el gobernador Maximiliano Pullaro
El nuevo régimen incorpora figuras al Código de Convivencia provincial y sanciona a quienes exijan dinero de manera intimidatoria por el uso del espacio público destinado al estacionamiento u otras tareas relacionadas, sin autorización oficial
La adhesión dependerá de cada localidad
La prohibición no tendrá aplicación automática en todo el territorio santafesino. Cada municipio y comuna deberá adherir a la ley y establecer su propia reglamentación
El artículo 66 bis establece sanciones para quienes, sin autorización y en lugares donde la actividad esté prohibida por una normativa local vigente, ofrezcan espacios de la vía pública para estacionar a cambio de un beneficio económico
Prevención e inclusión social
La ley también incorpora un apartado de “Abordaje integral”. El Poder Ejecutivo deberá implementar acciones de prevención e inclusión social que incluyan capacitación, formación en oficios, intermediación laboral y asistencia vinculada con la salud mental y los consumos problemáticos
El proyecto fue presentado por el senador Ciro Seisas, de Rosario. Luego de su aprobación inicial, pasó a la Cámara de Diputados, donde recibió modificaciones. Al regresar al Senado, fue sancionado por unanimidad
Según Seisas, el objetivo es superar las respuestas parciales y brindar a las ciudades herramientas para establecer regulaciones acordes con sus realidades y necesidades, dentro de sus procesos de autonomía
Rosario y Santa Fe anticiparon su posición
En Rosario, el intendente Pablo Javkin anticipó que el municipio probablemente adherirá a la norma. También señaló que el Ejecutivo enviará un mensaje al Concejo Municipal después de analizar el texto aprobado
En la ciudad de Santa Fe, el secretario de Gobierno, Sebastián Mastropaolo, destacó la sanción y recordó que la capital provincial ya había prohibido la actividad en mayo de 2024, mediante una ordenanza de características similares
Arrestos de hasta 60 días
El régimen contempla detenciones efectivas. Para los cuidacoches ilegales, prevé entre 10 y 30 días de arresto. Cuando la actividad se realice de forma organizada durante eventos masivos, las penas irán de 20 a 50 días
Los responsables de redes podrán recibir hasta 60 días de prisión. Las penas se duplicarán si existen violencia, intimidación o desigualdad de género
La reforma también amplía la cobertura y la duración de los controles durante los eventos y establece sanciones más severas para las instituciones que faciliten la actividad
Esta semana, a unas diez cuadras de los escenarios de los Juegos Suramericanos que se desarrollan en la capital provincial, cuidacoches exigían entre $20.000 y $25.000 por vehículo estacionado