La Suprema Corte de Justicia de la Nación abrió la puerta para que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana continúe con la defensa legal por el presunto daño al patrimonio federal derivado de contratos penitenciarios relacionados con la gestión de Genaro García Luna

Por siete votos contra dos, el Pleno revocó el criterio de un tribunal colegiado que había cerrado esa posibilidad y reconoció que una secretaría de Estado sí puede promover un amparo directo cuando están en juego recursos públicos de su propio presupuesto

El expediente regresa al tribunal

Con esta decisión, el asunto vuelve al órgano colegiado para que emita una nueva resolución sobre el fondo del amparo, ya con el reconocimiento de la legitimación de la dependencia para actuar en representación de la Federación

La Corte sostuvo que el caso encaja en el artículo 7 de la Ley de Amparo, al tratarse de recursos federales cuya gestión correspondía a la secretaría y cuya afectación podría impactar directamente el patrimonio público

El proyecto aprobado fue presentado por la ministra Loretta Ortiz Ahlf, quien argumentó que los recursos comprometidos en las contrataciones investigadas eran federales y que la conducta señalada sí generó una afectación patrimonial directa

La investigación por los contratos

El caso deriva de una denuncia presentada en 2020 contra 16 exservidores públicos por presuntas irregularidades en contratos y convenios para la construcción y operación de ocho centros penitenciarios

De acuerdo con lo expuesto en el proceso, esos actos habrían provocado un daño superior a 5 mil millones de pesos. La Corte también consideró que el tribunal colegiado no analizó de manera completa el acto reclamado, al omitir que la investigación se relaciona con la contratación irregular de सेवicios pagados con recursos públicos federales

Origen penal de la causa

La imputación penal se centró en funcionarios de menor jerarquía. Según la acusación, entre 2010 y 2011 se habría diseñado un proceso aparente de adjudicación directa para contratar servicios penitenciarios durante la gestión de García Luna

También se les atribuyó la firma de 76 convenios modificatorios que habrían mantenido vigentes las contrataciones originales pese a las irregularidades detectadas. Por esos hechos fueron señalados por uso indebido de atribuciones y facultades, así como asociación delictuosa

Más adelante, un juez de control rechazó vincularlos a proceso y sobreseyó parcialmente la causa al considerar que los hechos ya estaban prescritos