La ejecución de Christa Pike volvió a poner bajo cuestionamiento el sistema de pena de muerte de Tennessee. La mujer, de 50 años, permanecía inconsciente y conectada a un respirador en un hospital del área de Nashville, según informaron sus abogados

Sus defensores sostienen que Pike fue pinchada al menos siete veces en la cámara de ejecución y que luego fue hospitalizada con los brazos quemados y cubiertos de ampollas, después de recibir dos dosis de pentobarbital

El intento fallido fue el segundo en cuatro meses en Tennessee. Desde 2022, el estado llevó a cabo cuatro de las más de 140 ejecuciones realizadas en todo el país

Tras el episodio, el gobernador republicano Bill Lee suspendió las ejecuciones y ordenó una investigación independiente para determinar qué ocurrió. Tanto críticos como defensores de la pena capital reclamaron cambios en el procedimiento

El senador estatal republicano Joey Hensley, médico de familia, cuestionó la preparación del personal encargado de las ejecuciones y planteó que la vía intravenosa podría no haber sido colocada correctamente

Los abogados cuestionan la colocación de las vías

En una presentación judicial de emergencia, los abogados de Pike afirmaron que las dificultades con las vías intravenosas hicieron que el pentobarbital ingresara en su cuerpo en lugar de llegar directamente al torrente sanguíneo

Según el escrito, los miembros del equipo de ejecución no habrían advertido que las vías estaban mal colocadas o que las venas habían colapsado. En lugar de corregir el problema, sostuvieron los abogados, los funcionarios prepararon y administraron un segundo conjunto de jeringas con pentobarbital

Los defensores también señalaron que la sustancia, descrita como cáustica y similar a la lavandina, provocó ampollas en los brazos de Pike

Antecedentes de fallas en el sistema

El caso de Pike no es el primero que genera cuestionamientos sobre las ejecuciones en Tennessee. A comienzos de este año, el estado detuvo el procedimiento contra Tony Carruthers después de que el personal médico no pudiera establecer una segunda vía intravenosa

Los trabajadores intentaron colocar accesos en el otro brazo, la mano izquierda y el pie izquierdo de Carruthers, pero tampoco lograron establecer una vía central. Lee ordenó esperar al menos un año antes de volver a intentar su ejecución

En abril de 2022, el gobernador también había detenido a último momento la ejecución de Oscar Smith, luego de que las autoridades detectaran un manejo incorrecto de las drogas. Más tarde, suspendió todas las ejecuciones al reconocer que el estado no había garantizado que los fármacos fueran sometidos a las pruebas correspondientes

Una revisión independiente publicada en diciembre de 2022 concluyó que Tennessee no había cumplido su propio protocolo de inyección letal desde su modificación en 2018

Durante ese período, el estado ejecutó a siete personas: dos mediante inyección letal y cinco en la silla eléctrica. El informe indicó que la farmacia no había realizado las pruebas de endotoxinas requeridas en ninguno de esos casos ni en la ejecución de Smith. Además, uno de los fármacos utilizados, el midazolam, no había sido sometido a una prueba de potencia

En ese momento, el procedimiento incluía midazolam, bromuro de vecuronio y cloruro de potasio. Posteriormente, Tennessee pasó a utilizar únicamente pentobarbital

La investigación también determinó que el ejecutor, cuya identidad no fue revelada, no contaba con formación sanitaria formal y había aprendido la tarea principalmente mediante experiencia práctica. Después de la publicación del informe, el Departamento de Correcciones de Tennessee despidió a su principal abogado y a otro empleado

Steve Ferrell, uno de los abogados de Pike, expresó dudas sobre los avances realizados desde entonces y afirmó que la investigación derivó en un protocolo menos detallado y en un mayor nivel de secretismo

El papel de la capacitación y el secreto

Corinna Lain, profesora de Derecho de la Universidad de Richmond y autora de un libro sobre inyecciones letales, señaló que no es inusual que los ejecutores tengan poca formación médica

La especialista explicó que la inyección letal ganó aceptación porque suele considerarse menos cruda y porque oculta parte de la violencia asociada con la ejecución estatal. Sin embargo, advirtió que el método continúa presentando riesgos incluso cuando se siguen los protocolos

Varios abogados plantearon preocupaciones similares en distintos litigios y sostuvieron que el procedimiento podría ser inconstitucional. Lain afirmó que solo identificó a unos diez médicos con licencia en todo Estados Unidos que colaboran con los estados en ejecuciones

La identidad de los integrantes de los equipos, los detalles sobre la adquisición de las drogas y, en algunos estados, lo que ocurre dentro de la cámara de ejecución permanecen fuera del conocimiento público

“Tennessee ha llevado a cabo ejecuciones fallidas de tal gravedad que dos personas sobrevivieron a sus propias ejecuciones este año”, sostuvo Lain

Aun así, expertos como Jordan Steiker, codirector del Centro de Pena Capital de la Universidad de Texas, consideran probable que la inyección letal siga siendo una opción para los estados que mantienen la pena de muerte

Steiker atribuyó esa continuidad, en parte, a la actitud deferente de los tribunales frente a los procedimientos de ejecución. A su juicio, esa postura brinda confianza a los estados para aplicar el método, incluso cuando existen atajos o incumplimientos, porque es poco probable que los jueces intervengan para impedir una ejecución