A pocos días del cambio de gobierno en Colombia, surgió una nueva controversia entre el equipo saliente y el entrante en el sector Transporte por la adjudicación de contratos del Invías destinados a vías terciarias en La Guajira
El debate gira en torno a procesos por $3,2 billones y al compromiso de vigencias futuras hasta 2035, una decisión que el equipo entrante cuestionó por su alcance fiscal y por haber sido adoptada antes de la transición presidencial
La objeción del equipo entrante
Desde el Gobierno entrante se pidió no firmar los contratos ya adjudicados. La principal preocupación, según su postura, es que esas decisiones comprometen recursos de próximas administraciones
También se anunció una revisión técnica, jurídica y financiera de los procesos. La discusión incluye siete contratos para Uribia, por cerca de $2 billones, tres más para Riohacha, Maicao y Manaure, por alrededor de $1,1 billones, y seis contratos de interventoría por $204.000 millones
La defensa del Gobierno saliente
La ministra de Transporte saliente defendió la legalidad de la contratación y aseguró que no se trata de decisiones improvisadas. Sostuvo que los proyectos venían siendo planeados desde finales de 2025 y que se adelantaron mediante licitación pública, con oferentes que cumplían los requisitos técnicos, jurídicos y financieros
Además, señaló que estas obras responden al cumplimiento de la sentencia T-302 de 2017, que ordena inversiones en La Guajira, y dijo que el proceso se ajustó al mandato de la mesa del Messep
La posición del Invías
El Invías también respaldó la contratación y afirmó que los procesos siguieron las etapas previstas por la ley. La entidad rechazó que se trate de adjudicaciones hechas a última hora
Según explicó, las obras para vías terciarias en La Guajira fueron estructuradas desde diciembre de 2025 y hacen parte del CONPES 4161, una política pública orientada a garantizar derechos fundamentales de comunidades indígenas wayuu. El plan contempla una inversión cercana a $3,5 billones
El director de la entidad sostuvo que estos contratos no pueden estructurarse y adjudicarse en pocos días, y añadió que el proceso de empalme habría permitido revisar con mayor claridad la trazabilidad de los proyectos
La discusión dejó en evidencia una nueva fricción entre las dos administraciones, esta vez por el alcance fiscal y político de una de las inversiones viales más grandes anunciadas para La Guajira