El presidente Donald Trump ordenó que los contratistas y subcontratistas del Gobierno federal consulten a su administración cuando reciban pedidos de información del Congreso

La medida, establecida en una orden ejecutiva firmada el viernes por la noche, también exige coordinar con la Casa Blanca y las agencias estadounidenses las respuestas consideradas apropiadas. Las empresas deberán retener cualquier comunicación que la administración considere protegida por el privilegio ejecutivo

El incumplimiento podría provocar la rescisión de contratos y la suspensión de futuros trabajos con el Gobierno federal

Una disputa anticipada por el control legislativo

La orden representa un nuevo intento de la administración de limitar las investigaciones que los demócratas prevén impulsar cuando asuman el control del Congreso en enero

Los contratos gubernamentales figuran entre sus principales objetivos de investigación. Los legisladores han señalado que fondos federales llegaron a empresas vinculadas con la familia de Trump, particularmente en el ámbito del Pentágono

La Casa Blanca ya había comenzado a centralizar las respuestas a las solicitudes del Congreso. El lunes, el abogado presidencial Will Scharf comunicó a las agencias federales que debían obtener autorización de su oficina y de la Oficina de Asuntos Legislativos antes de aceptar comparecencias ante el Congreso

Scharf también sostuvo, en una carta reciente al representante Robert Garcia, principal demócrata del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, que algunas investigaciones podrían constituir una “criminalidad flagrante”. Garcia había solicitado a integrantes de la familia de Trump y a altos funcionarios que conservaran documentos

El abogado de la Casa Blanca desestimó esos pedidos y afirmó que los demócratas todavía no son mayoría, por lo que no pueden exigir su cumplimiento

El alcance del privilegio ejecutivo

La administración presentó los nuevos requisitos como una forma de proteger los privilegios ejecutivos frente a lo que calificó como un exceso de supervisión del Congreso. También acusó a algunos legisladores de presionar a empresas privadas que trabajan para el Gobierno federal

Presidentes de ambos partidos han invocado durante mucho tiempo el privilegio ejecutivo para resistir investigaciones legislativas. Sin embargo, esas invocaciones suelen derivar en disputas legales prolongadas sobre su alcance

El privilegio permite al presidente mantener fuera del alcance de los tribunales, el Congreso y el público cierta información relacionada con la confidencialidad de las deliberaciones de la Casa Blanca. Su aplicación no es absoluta

La orden del viernes alcanza a todos los contratistas y subcontratistas federales, un universo compuesto por decenas de miles de empresas