El presidente Donald Trump ordenó que los contratistas y subcontratistas del Gobierno federal consulten a su administración cuando reciban pedidos de información del Congreso
La medida, establecida en una orden ejecutiva firmada el viernes por la noche, también exige coordinar con la Casa Blanca y las agencias estadounidenses las respuestas consideradas apropiadas. Las empresas deberán retener cualquier comunicación que la administración considere protegida por el privilegio ejecutivo
El incumplimiento podría provocar la rescisión de contratos y la suspensión de futuros trabajos con el Gobierno federal
Una disputa anticipada por el control legislativo
La orden representa un nuevo intento de la administración de limitar las investigaciones que los demócratas prevén impulsar cuando asuman el control del Congreso en enero
Los contratos gubernamentales figuran entre sus principales objetivos de investigación. Los legisladores han señalado que fondos federales llegaron a empresas vinculadas con la familia de Trump, particularmente en el ámbito del Pentágono
La Casa Blanca ya había comenzado a centralizar las respuestas a las solicitudes del Congreso. El lunes, el abogado presidencial Will Scharf comunicó a las agencias federales que debían obtener autorización de su oficina y de la Oficina de Asuntos Legislativos antes de aceptar comparecencias ante el Congreso
Scharf también sostuvo, en una carta reciente al representante Robert Garcia, principal demócrata del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, que algunas investigaciones podrían constituir una “criminalidad flagrante”. Garcia había solicitado a integrantes de la familia de Trump y a altos funcionarios que conservaran documentos
El abogado de la Casa Blanca desestimó esos pedidos y afirmó que los demócratas todavía no son mayoría, por lo que no pueden exigir su cumplimiento
El alcance del privilegio ejecutivo
La administración presentó los nuevos requisitos como una forma de proteger los privilegios ejecutivos frente a lo que calificó como un exceso de supervisión del Congreso. También acusó a algunos legisladores de presionar a empresas privadas que trabajan para el Gobierno federal
Presidentes de ambos partidos han invocado durante mucho tiempo el privilegio ejecutivo para resistir investigaciones legislativas. Sin embargo, esas invocaciones suelen derivar en disputas legales prolongadas sobre su alcance
El privilegio permite al presidente mantener fuera del alcance de los tribunales, el Congreso y el público cierta información relacionada con la confidencialidad de las deliberaciones de la Casa Blanca. Su aplicación no es absoluta
La orden del viernes alcanza a todos los contratistas y subcontratistas federales, un universo compuesto por decenas de miles de empresas