Un nuevo fallo judicial le dio un revés a la política migratoria del gobierno de Donald Trump. El Tribunal de Apelaciones del Tercer Circuito de Estados Unidos resolvió que ciertos inmigrantes que ingresaron sin inspección y llevan años en el país no pueden quedar privados de su libertad de forma automática sin antes acceder a una audiencia para pedir fianza

Qué cambia para los detenidos

La resolución fue emitida el 28 de agosto en el caso Buele Morocho v. Warden Philadelphia FDC. El proceso fue impulsado por la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles, junto con sus filiales en Pensilvania y Nueva Jersey, y el estudio Palladino, Isbell & Casazza, LLC

El fallo no ordena la liberación inmediata de todas las personas alcanzadas. Lo que cambia es el procedimiento: quienes estén detenidos por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas podrán pedir que un juez de inmigración revise su situación y decida si pueden seguir el proceso fuera de un centro de detención

Durante años, las personas en procesos de deportación pudieron, en algunos casos, solicitar una audiencia de fianza. Pero el 8 de julio de 2025, el gobierno de Trump adoptó una nueva interpretación de la ley migratoria y sostuvo que quienes hubieran ingresado sin inspección debían permanecer detenidos sin esa posibilidad

Esa postura también alcanzó a personas que ya vivían hacía tiempo en Estados Unidos, incluyendo inmigrantes con trámites pendientes y otros que podían tener caminos para obtener la residencia legal, aunque sus expedientes siguieran frenados por demoras administrativas

Un cambio con impacto amplio

Con esta decisión, esas personas recuperan el derecho a pedir una revisión judicial. En cada caso, el juez deberá evaluar si existe un riesgo para la seguridad pública o una posibilidad de fuga que justifique continuar con la detención

Según explicó la analista de inmigración Kathia Quirós, la eliminación de la detención automática no significa que la fianza vaya a ser concedida en todos los casos, sino que ahora existirá la posibilidad de solicitar esa revisión ante un juez. El cambio podría beneficiar a cientos de inmigrantes que hoy están detenidos

La resolución del Tercer Circuito se convirtió además en el octavo fallo de una corte federal de apelaciones que rechaza la interpretación usada por el gobierno federal para imponer la detención obligatoria. A esa postura ya se sumaron otros siete circuitos y cientos de jueces de tribunales de distrito

La disputa por el debido proceso

La ACLU sostuvo que los tribunales han cuestionado de manera reiterada la lectura aplicada por la administración y que la decisión refuerza la obligación del gobierno de respetar las leyes migratorias y las garantías constitucionales del debido proceso

Michael Tan, subdirector del Proyecto de Derechos de los Inmigrantes de la ACLU, afirmó que el fallo representa otra victoria contra la dureza y el desprecio por el estado de derecho. Desde la organización también remarcaron que impedir de forma generalizada las audiencias de fianza implica una restricción de la libertad que debe estar respaldada por una evaluación judicial

Los abogados que participaron en el litigio destacaron que el gobierno no puede construir por su cuenta un esquema de detención indefinida por fuera de lo que establecen las disposiciones legales