Una decisión judicial puso en pausa, de manera temporal, la política que había apartado a organizaciones cívicas no partidarias de la tarea de ayudar a nuevos ciudadanos a inscribirse como votantes durante las ceremonias de naturalización del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis, por sus siglas en inglés)
El fallo representa un giro importante en la antesala de las elecciones de 2026, al restituir por ahora una práctica que se había mantenido durante décadas en esos actos administrativos
La medida que quedó suspendida
El juez federal Adam Abelson, del Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Maryland, ordenó frenar provisionalmente la norma impulsada por la administración de Donald Trump que impedía a organizaciones civiles registrar nuevos votantes en ceremonias administradas por el Uscis
En su resolución, sostuvo que los demandantes mostraron una alta probabilidad de éxito al argumentar que la restricción podía vulnerar la Primera Enmienda. También dio peso a planteos basados en la Quinta Enmienda y en la Ley de Procedimiento Administrativo
Mientras avanza el litigio, la prohibición queda sin efecto. Además, vuelve a quedar abierta la posibilidad de que grupos comunitarios retomen las campañas de inscripción en estos eventos
Qué cambió con la política de 2025
La disposición cuestionada fue aplicada en agosto de 2025. Desde entonces, solo las autoridades electorales estatales o locales podían encargarse del registro, mientras que el personal del Uscis quedaba limitado a entregar formularios e información durante las ceremonias
La medida dejó fuera a organizaciones sin fines de lucro que durante años habían cumplido esa función. Según el gobierno federal, el cambio buscaba simplificar tareas administrativas y asegurar un proceso ordenado para los nuevos ciudadanos
Sin embargo, el magistrado entendió que eliminar una de las vías de acceso al registro parecía ir en sentido contrario al objetivo de facilitar ese trámite
Impacto sobre los nuevos ciudadanos
La demanda fue presentada por la League of Women Voters, junto con varias filiales, y por el capítulo de Greater New Orleans del National Council of Jewish Women. Las organizaciones alegaron que la restricción afectaba derechos vinculados con la libertad de expresión, la libertad de reunión y el debido proceso
También señalaron que la medida provocó la cancelación de cientos de actividades de registro en distintos puntos del país. La League of Women Voters afirmó que en 2024 inscribió al 15% de los nuevos ciudadanos que se registraron para votar apenas terminaron su proceso de naturalización
La restricción había golpeado especialmente a las ceremonias realizadas en oficinas del Uscis, ya que las efectuadas en tribunales federales no estaban alcanzadas por esa limitación. La decisión actual es preliminar, por lo que el caso seguirá en la Justicia y el gobierno federal todavía puede apelar