Un juez federal de Mobile, Alabama, ordenó la liberación inmediata de cualquier trabajador que presente documentación que acredite su presencia legal en Estados Unidos, como una Real ID
La resolución también impide que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) realice operativos en obras de construcción privadas sin una orden judicial
Qué políticas quedaron suspendidas
La medida suspendió temporalmente tres políticas del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) mientras continúa el proceso judicial
Una de ellas permitía mantener detenidos a trabajadores incluso después de que mostraran pruebas de ciudadanía o residencia legal. Las otras dos estaban relacionadas con el ingreso sin orden judicial a terrenos privados y la detención preventiva de trabajadores
La denominada política de entrada sin orden judicial habilitaba a los agentes migratorios a ingresar a obras o terrenos privados sin autorización judicial ni consentimiento de los propietarios o encargados
La política de detención preventiva, en tanto, permitía detener de manera colectiva a trabajadores sin una sospecha individual y específica sobre su situación migratoria
El caso de Leo García Venegas
La decisión surgió a partir de la demanda presentada por Leo García Venegas, un ciudadano estadounidense que trabaja en la construcción en el condado de Baldwin y que solicitó representar a otros trabajadores en una acción colectiva
García Venegas fue detenido tres veces desde la primavera de 2025 pese a portar y mostrar una Real ID estatal vigente
En mayo y junio de ese año, agentes ingresaron sin orden a los lugares privados donde trabajaba y no tuvieron en cuenta su identificación. En mayo de 2026, lo siguieron hasta su vivienda, lo abordaron cuando estaba en su vehículo, lo redujeron, esposaron y trasladaron mientras intentaba mostrarles su Real ID
“Por primera vez en mucho tiempo, podré ir a trabajar sin preocuparme de que me arresten sin motivo. Los estadounidenses no pueden ser detenidos y retenidos por la policía cuando no están haciendo nada malo”, afirmó el trabajador
La postura del DHS durante las audiencias
Durante las audiencias, representantes del DHS defendieron la legalidad de las detenciones migratorias. Uno de sus funcionarios declaró que los agentes no consideran la Real ID una prueba confiable de presencia legal, aunque el propio organismo administra el marco regulatorio de esa identificación
El DHS también sostuvo que las obras de construcción pueden ser consideradas “campos abiertos”, una clasificación que, según su argumento, permitiría el ingreso de los agentes sin una justificación adicional
Tras el fallo preliminar, García Venegas presentó notificaciones de intención de demandar a las agencias federales involucradas bajo la Ley Federal de Reclamaciones por Agravios (FTCA). Esas acciones se incorporarán al litigio principal