Un tribunal federal de California suspendió temporalmente el cobro de US$100.000 asociado a determinadas solicitudes de visas H-1B y ordenó revisar el mecanismo utilizado para imponerlo
La resolución fue dictada por el juez Haywood S. Gilliam Jr., del Tribunal de Distrito del Distrito Norte de California. La medida alcanza al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y a las agencias relacionadas con la gestión migratoria
El tribunal cuestionó el procedimiento administrativo
El magistrado sostuvo que las autoridades no cumplieron con las etapas de notificación y recepción de comentarios públicos previstas por la Ley de Procedimiento Administrativo
Según el fallo, el DHS, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis) y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) establecieron nuevas condiciones para el pago y modificaron reglas aplicables a ciertos trámites H-1B sin completar ese proceso
La administración Trump había argumentado que sus directrices eran de carácter interpretativo y que, por ese motivo, no necesitaban una instancia previa de participación pública. Gilliam rechazó esa interpretación
El juez también señaló que las agencias no analizaron opciones como fijar un importe menor, aplicar el cambio de forma gradual o retrasar su entrada en vigor
“Los demandados ignoran la contundente evidencia de los demandantes de que no pueden permitirse pagar la tarifa en primer lugar”, escribió el magistrado
Empleadores y entidades educativas advirtieron sobre el impacto
La demanda fue impulsada por empleadores y organizaciones de distintos sectores, entre ellos fabricantes, centros médicos rurales, escuelas públicas de reservas indígenas, instituciones de inmersión lingüística y entidades dedicadas a incorporar personal sanitario
Los demandantes afirmaron que pagar US$100.000 por cada trabajador resultaba inviable. En las comunidades rurales, el cargo podía dificultar la contratación de médicos y enfermeros especializados
Las instituciones educativas expresaron una preocupación similar respecto de docentes bilingües y profesionales de educación especial. Las empresas, por su parte, advirtieron que la tarifa podía obstaculizar la incorporación de ingenieros y técnicos
La exigencia queda suspendida mientras continúa la disputa
Como parte de la decisión, Gilliam dejó sin efecto las políticas utilizadas para poner en marcha el cobro y devolvió el asunto al DHS para que cumpla con los pasos administrativos correspondientes
Mientras la orden siga vigente, las autoridades no podrán exigir la tarifa de US$100.000 bajo esas políticas
El conflicto judicial también tiene expedientes en Massachusetts y Washington D.C. En el primer caso, otro tribunal dejó sin efecto la medida al considerar que podía superar las facultades del gobierno federal. En Washington D.C., una solicitud para frenar el cobro fue rechazada inicialmente y la disputa continúa en apelación