Un tribunal federal del Distrito Este de California resolvió que la regla salarial impulsada durante la administración de Donald Trump para los trabajadores agrícolas bajo el programa H-2A no se ajustó a la ley

La decisión cuestiona la forma en que el Departamento de Trabajo de Estados Unidos calculó las remuneraciones para ese régimen de contratación temporal, pensado para empleadores que necesitan mano de obra extranjera en tareas del campo

Qué objetó la corte

El centro del caso fue la Tasa Salarial de Efecto Adverso, un mecanismo creado para evitar que la contratación de trabajadores extranjeros empuje hacia abajo los salarios de empleados locales

La norma impugnada había dividido los sueldos en dos niveles. El primero ubicaba a la mayoría de los puestos en el percentil 17 de la distribución salarial. El segundo los colocaba en el percentil 50

Según el fallo, ese esquema podía dejar remuneraciones por debajo de las condiciones reales del mercado y no explicaba con claridad cómo cumplía con la obligación legal de proteger los salarios de trabajadores estadounidenses en empleos equivalentes

El impacto de la medida

La demanda fue presentada por 18 trabajadores agrícolas junto con United Farm Workers. Sostuvieron que el cambio reducía los ingresos de trabajadores estadounidenses y extranjeros que hacen tareas similares

De acuerdo con estimaciones citadas en el proceso, la modificación podía trasladar unos US$2460 millones anuales desde los salarios hacia los empleadores agrícolas

El juez Kirk E. Sherriff también rechazó la comparación con el programa H-1B, porque ese sistema usa cuatro escalas salariales, mientras que la regla para H-2A solo contemplaba dos

Qué pasa ahora

La corte declaró ilegal la normativa, pero decidió mantenerla de manera transitoria para que el sector agrícola no quede sin una referencia salarial mientras se define un nuevo esquema

Ahora, el Departamento de Trabajo deberá elaborar y publicar una metodología distinta para fijar las futuras tasas salariales de H-2A

El tribunal mantuvo el caso bajo su jurisdicción y ordenó a las partes presentar un informe conjunto en dos semanas. Además, la agencia deberá informar en siete días que podrían existir pagos retroactivos si las nuevas tasas resultan más altas que las aplicadas hasta ahora

Desde la representación de los trabajadores agrícolas, la resolución fue leída como un reconocimiento a la tarea esencial de quienes producen los alimentos y a la necesidad de una remuneración justa