Un fallo que complica la política migratoria
El gobierno de Donald Trump no puede impedir que los inmigrantes detenidos dentro de Estados Unidos soliciten una fianza, resolvió este jueves una corte federal de apelaciones
La decisión, adoptada por 2 votos contra 1 en el 9th U.S. Circuit Court of Appeals, con sede en San Francisco, agrava la fractura entre tribunales federales sobre la política de detención obligatoria impulsada por la administración
Cuatro otras cortes de apelaciones ya habían rechazado ese criterio, mientras que los circuitos Quinto, en Nueva Orleans, y Octavo, en St. Louis, se alinearon con la Casa Blanca. Ese panorama aumenta la probabilidad de que la Corte Suprema termine interviniendo
La disputa por la lectura de la ley migratoria
Hasta administraciones anteriores, la mayoría de los no ciudadanos sin antecedentes penales que eran arrestados dentro del país podían pedir una audiencia para obtener fianza mientras seguían sus procesos migratorios. La detención obligatoria solía aplicarse, sobre todo, a quienes eran detenidos en la frontera
En julio del año pasado, funcionarios migratorios ampliaron esa medida a personas detenidas en el interior del país. La decisión se enmarcó en la campaña de deportaciones masivas y desencadenó una ola de demandas presentadas por inmigrantes que buscaban salir de custodia
Algunos jueces federales que ordenaron audiencias de fianza criticaron al gobierno por desobedecer repetidamente sus fallos
La administración sostuvo que una reforma legislativa de 1996 habilitó la detención obligatoria más allá de la frontera, aunque gobiernos previos no habían aplicado esa interpretación. En nombre de la mayoría, el juez Daniel Bress, designado por Trump, rechazó ese argumento y dijo que la lectura histórica de la norma era la más sólida. A su lado votó la jueza M. Margaret McKeown, nombrada por Bill Clinton
En disidencia, el juez Carlos Bea, designado por George W. Bush, afirmó que el texto y el propósito de la enmienda aprobada en 1996 respaldan la postura del gobierno