El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis) enfrenta una demanda por dos políticas que modificaron la evaluación de solicitudes de residencia permanente. Los demandantes afirman que las medidas afectan a familias, trabajadores y profesionales extranjeros

El reclamo contra las nuevas reglas migratorias

El caso, denominado American Association of University Professors v. Mullin, busca que un tribunal federal deje sin efecto las disposiciones y ordene revisar los expedientes según la legislación y los precedentes vigentes

La coalición sostiene que los cambios alteran las condiciones con las que miles de personas iniciaron sus trámites. También advierte que algunos solicitantes podrían verse obligados a salir de Estados Unidos para continuar el proceso mediante un consulado

Según la presentación, esa situación podría provocar separaciones familiares, interrupciones laborales y dificultades para regresar al país ante demoras consulares o problemas para obtener una visa

Las dos políticas cuestionadas

La primera medida es el memorando PM-602-0199, emitido el 21 de mayo. El documento modifica los criterios para analizar el ajuste de estatus, un mecanismo que permite a ciertos inmigrantes solicitar la green card sin abandonar Estados Unidos

Con esa directriz, pedir la residencia desde territorio estadounidense en lugar de utilizar el procesamiento consular en el exterior pasa a ser considerado un factor desfavorable. Para obtener una evaluación positiva, el solicitante debe demostrar circunstancias excepcionales

La segunda disposición es la política PA-2026-05, publicada el 5 de agosto. Esta norma cambia el tratamiento de los expedientes incompletos o con pruebas insuficientes

En determinados casos, los funcionarios pueden rechazar una solicitud sin enviar antes una Solicitud de Evidencia (RFE) ni una Notificación de Intención de Denegación (NOID). Ambos mecanismos permiten que el interesado responda a las observaciones de la agencia

Los argumentos legales de los demandantes

La demanda sostiene que las políticas contradicen la Ley de Inmigración y Nacionalidad, especialmente su sección 245, incorporada al código federal como 8 U.S.C. § 1255

De acuerdo con los abogados, el Congreso estableció el ajuste de estatus como una vía para que quienes cumplen los requisitos soliciten la residencia sin salir del país

La presentación también invoca la Ley de Procedimiento Administrativo. Los demandantes afirman que el Uscis introdujo cambios importantes sin realizar una consulta pública ni permitir que los sectores afectados formularan observaciones

Además, cuestionan que la agencia haya modificado prácticas anteriores sin justificar suficientemente la decisión ni analizar el impacto sobre las solicitudes que ya estaban en trámite

El planteo incluye la doctrina “Accardi”, que obliga a las agencias federales a respetar sus propias normas y los precedentes aplicables, y señala una posible violación del debido proceso protegido por la Quinta Enmienda

La representación legal está a cargo de Democracy Forward, el American Immigration Council, la Asociación Estadounidense de Abogados de Inmigración y el estudio Colombo & Hurd

Los demandantes solicitaron al Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Massachusetts que declare ilegales las dos políticas, suspenda su aplicación y ordene su anulación