La jueza federal Julia E. Kobick suspendió hasta el 6 de noviembre de 2026 la aplicación de una nueva norma del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS) sobre el estatus de refugiado
La regulación reducía de 30 a diez días el plazo para responder ante una posible cancelación. La orden judicial busca mantener la situación vigente y evitar daños irreparables mientras se analiza una solicitud de suspensión de mayor alcance
La prohibición alcanza al DHS y al Uscis
La resolución impide al DHS, al Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis) y a sus funcionarios, agentes y representantes aplicar la norma durante diez días, hasta el 6 de noviembre inclusive
La medida se dictó en respuesta a una demanda presentada por organizaciones defensoras de refugiados contra la regulación y contra un plan más amplio de revisión de expedientes
La suspensión es provisional. Todavía no determina si la norma es legal y el juez a cargo del expediente podrá modificarla, ampliarla, revocarla o extenderla
Qué ocurre con las notificaciones ya enviadas
La orden también abarca las notificaciones de intención de cancelación emitidas por el Uscis entre el 14 y el 27 de octubre
Durante la suspensión, el gobierno no puede aplicar aquellas que exigían una respuesta en menos de 30 días. Sus destinatarios no están obligados a responderlas y las autoridades no pueden cancelar su estatus de refugiado por la falta de respuesta
Cómo funcionaba la regla suspendida
El Registro Federal publicó la regulación el 14 de octubre. La medida modificó la sección 207.9 del título 8 del Código de Regulaciones Federales y estableció un plazo general de diez días para responder a una propuesta de revocación
El procedimiento se activa cuando el Uscis considera que una persona no cumplía los requisitos legales para obtener el estatus de refugiado al ingresar a Estados Unidos. Antes de retirarle esa protección, el organismo debe enviar una Notificación de Intención de Cancelación (NOIT)
Ese documento informa los motivos de la decisión propuesta y permite presentar pruebas por escrito o solicitar una entrevista. Cuando el aviso se enviaba por correo, el plazo total era de 13 días por los tres días adicionales previstos por la normativa
Si el vencimiento coincidía con un fin de semana o feriado, se trasladaba al siguiente día hábil. La entrevista oral podía solicitarse dentro del plazo sin presentar todas las pruebas en ese momento
Alcance potencial y consecuencias migratorias
El DHS estimó que hasta 186.000 refugiados podrían quedar sujetos a la norma. La cifra incluye a personas admitidas entre los años fiscales 2015 y 2025 que todavía no obtuvieron la residencia permanente, y representa una población máxima potencial
El Uscis y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) trabajan para identificar los grupos que requieren nuevas verificaciones. El DHS sostuvo que los procedimientos anteriores permitían conservar durante más tiempo beneficios migratorios a personas que no tendrían derecho al estatus
La revocación del estatus también implica perder la autorización de empleo y puede derivar en un procedimiento de expulsión. El reglamento no prevé una apelación administrativa ante el Uscis, aunque permite solicitar otras formas de protección durante determinados procesos migratorios
En enero de 2026, el gobierno de Trump inició en Minnesota la Operación Parris, que contempla nuevas revisiones de antecedentes, entrevistas y evaluaciones de solicitudes de refugio aprobadas previamente
La regulación abrió además un período de participación pública. Las observaciones pueden presentarse hasta el 13 de noviembre en Regulations.gov, bajo el expediente USCIS-2026-0397