Una jueza federal de California ordenó restringir determinados operativos del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS) en nueve estados, ante el riesgo de intimidación a ciudadanos estadounidenses
La resolución fue dictada el 21 de octubre, a menos de dos semanas de las elecciones legislativas del 3 de noviembre
Qué alcance tiene la medida cautelar
La magistrada Araceli Martínez-Olguín, del Tribunal Federal del Distrito Norte de California, concedió una medida cautelar preliminar en el caso California Nurses Association v. Mullin, expediente 4:26-cv-10680
La orden prohíbe realizar investigaciones de campo relacionadas con las elecciones cuando involucren, o puedan involucrar, a personas que los agentes saben, sospechan o deberían razonablemente sospechar que son ciudadanos estadounidenses
También impide llevar adelante operativos electorales basados exclusivamente en expedientes generados mediante la política de verificación de elegibilidad electoral contra personas comprendidas en esa condición
La restricción alcanza a funcionarios, agentes, empleados, abogados y otras personas que actúen en coordinación con los organismos demandados
La medida está prevista hasta las 20 horas del 3 de noviembre de 2026, hasta el cierre de los centros de votación o hasta que el tribunal disponga otra cosa. Sin embargo, su aplicación quedó suspendida temporalmente hasta las 17 horas del viernes 23 de octubre, para permitir que el gobierno federal recurra la decisión
Los estados incluidos en la orden
La decisión alcanza a California, Connecticut, Georgia, Missouri, Nevada, Nueva York, Pensilvania, Washington y Wisconsin
En esos territorios, el DHS había previsto intensificar las investigaciones sobre presuntas irregularidades relacionadas con la elegibilidad electoral
El 31 de agosto, el organismo había emitido una directiva interna denominada Surge Initiative Guidance, que indicaba priorizar las entrevistas sobre elegibilidad electoral. La medida formaba parte de la iniciativa federal Unlawful Voter Initiative, implementada en agosto para identificar posibles inscripciones o votos de personas sin ciudadanía estadounidense
Los operativos estaban a cargo de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), una división del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), en coordinación con el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis)
Las bases de datos bajo cuestionamiento
La jueza examinó los procedimientos utilizados para identificar a personas sospechosas de haberse registrado o votado sin cumplir los requisitos legales
Uno de los principales cuestionamientos estuvo relacionado con la calidad de la información utilizada para elaborar las listas de posibles investigados
Según los antecedentes analizados por el tribunal, el sistema incluía 48,2 millones de registros recibidos por el DHS de fuentes independientes cuya procedencia fue cuestionada
También incorporaba otros 50,6 millones de registros proporcionados por el Departamento de Justicia, provenientes de padrones estatales oficiales o de bases comerciales usadas cuando los estados no compartían su información
Además, un sistema denominado iLab integraba datos de distintas plataformas mediante herramientas de inteligencia artificial no identificadas
El riesgo de errores en las revisiones
El procedimiento exigía a determinados agentes completar al menos 40 revisiones de personas sospechosas, con un máximo de 12 minutos para descartar cada caso
El tribunal también analizó problemas vinculados con nombres similares, expedientes incompletos, información desactualizada sobre ciudadanía y equivocaciones administrativas
De acuerdo con la documentación judicial, las investigaciones podían incluir a ciudadanos naturalizados cuando los datos indicaban que habían votado antes de obtener la nacionalidad estadounidense
La magistrada concluyó que las limitaciones de las bases de datos, combinadas con la rapidez exigida a los agentes, aumentaban el riesgo de identificar por error a personas habilitadas para votar