Desde este 5 de septiembre comenzó a regir en la Argentina el nuevo Régimen Penal Juvenil, que reemplaza el esquema vigente desde 1980 y modifica el umbral de imputabilidad para adolescentes de 14 años o más
Con la entrada en vigencia de la norma, quienes tengan 14 años o más y cometan delitos previstos en el Código Penal podrán ser alcanzados por un proceso penal, aunque seguirán sometidos a un régimen especial, diferenciado del de los adultos
Penas con límites y foco en la reinserción
El nuevo marco establece que las sanciones deberán orientarse a la responsabilidad por el hecho cometido, pero también a la educación, resocialización e integración social del adolescente
La ley prohíbe la reclusión y la prisión perpetua para menores. Además, fija un tope de 15 años para las penas privativas de la libertad y habilita la libertad condicional, siempre que se cumplan dos tercios de la condena y los requisitos legales
Medidas alternativas y seguimiento
No todos los casos derivarán en encierro. El régimen prevé respuestas alternativas, especialmente cuando la pena en expectativa supera los tres años y llega hasta los diez
Entre esas medidas figuran las restricciones de acercamiento, la reparación del daño causado, reglas de conducta y la participación obligatoria en actividades educativas y comunitarias. También se incorpora la amonestación como llamado de atención formal dentro del proceso
Otra herramienta prevista es el monitoreo electrónico adolescente, pensado para supervisar el cumplimiento de determinadas sanciones o funcionar como medida dentro del sistema
Alojamiento especial y reserva de identidad
En caso de privación de libertad, los adolescentes deberán permanecer en establecimientos acondicionados para ese fin y con personal especializado. La norma también prohíbe que compartan encierro con personas mayores de edad
El alojamiento podrá realizarse en institutos abiertos, institutos especializados de detención o, en algunos supuestos, bajo arresto domiciliario
Además, se mantiene la prohibición de difundir nombres, apodos, filiación, parentesco, domicilio o imágenes que permitan identificar al adolescente imputado
Más participación para las víctimas y una implementación bajo presión
La nueva regulación también refuerza el rol de las víctimas, que podrán intervenir en el trámite judicial y acceder a información sobre el avance de la causa
Otro punto central es la responsabilidad civil de los padres por los daños derivados de los hechos atribuidos a sus hijos en el marco de un proceso penal
La principal incógnita ahora pasa por la capacidad del sistema para absorber el aumento de causas. En juzgados de menores advierten por la carga que podría generar la nueva ley y por las dudas sobre recursos humanos, infraestructura y dispositivos de control
También hay preguntas abiertas sobre la disponibilidad de pulseras electrónicas, la designación de supervisores especializados y la coordinación entre la norma nacional y los procedimientos provinciales o federales
Para su puesta en marcha, el Congreso asignó una partida de $23.739.155.303,08. Mientras algunas provincias ya avanzaron con protocolos y adecuaciones, a nivel nacional continúan las conversaciones institucionales para unificar criterios de aplicación